"¡Esto se te va a cobrar!". Con esta frase, dicha a los gritos, respondieron en el mostrador de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Oscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, que acudió con un fuerte dolor en la vesícula. Benítez se enfrentaba por segunda vez a la misma respuesta en este hospital de la red pública. La primera, desinformado, pagó lo que pidieron: 390 euros para que le viese un médico. Una exigencia ilegal, puesto que la atención de urgencias está cubierta por la Seguridad Social, incluso para aquellos que se han quedado sin tarjeta sanitaria.El hospital achaca la situación a un simple "error administrativo".
