El presidente de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), Juan Carlos Ureta, entidad de la cual son patronos algunas de las empresas más grandes de España, asegura que hay una correlación clara entre economía sumergida y corrupción. España se sitúa en ambas estadísticas –economía y corrupción– con datos similares y por encima de la media. Para el experto, luchar contra la economía sumergida supone en buena parte luchar contra la corrupción.
Ureta señaló durante su presentación del estudio sobre La Economía Sumergida en España que “muchos autores han establecido una fuerte relación entre el nivel de corrupción y tamaño de la economía sumergida”. En su opinión, es muy importante tener en cuenta que “a menos economía sumergida mayor calidad institucional”.
Desde la Fundación creen que la economía sumergida está estabilizada en el equivalente al 20% del PIB desde 2010 y aseguran que los minijobs serían una forma de combatir el trabajo en negro.
En el informe se destaca además que la pérdida de recaudación en la Unión Europea a causa de la economía no declarada en 2009 fue de 864 millones de euros, lo que equivale, por ejemplo, a un 105% del gasto europeo en salud. En el caso de España la pérdida fue de de 72,7 millones de euros, un 74% de perdida impositiva sobre el déficit anual.
Si se observa el impacto de la economía sumergida por sectores, la construcción, el sector manufacturero y las ventas mayoristas y minoristas son los sectores con mayores cifras de economía oculta.
Economía sumergida vs ingeniería fiscal
Ureta afirmó en una rueda de prensa que la ingeniería fiscal que aplican algunas grandes empresas para evadir impuestos “no tiene nada que ver con la economía sumergida”. Además añadió que las prácticas de estas empresas son “lo contrario de la economía sumergida” y desligó ambos conceptos. Según su punto de vista, "el núcleo duro de la economía sumergida en España corresponde a las empresas de pequeño tamaño” y defiende que “algunas no podrían sobrevivir si no estuvieran fuera de la legalidad”.
Ante esta situación, en el estudio realizado se subraya la idea de fomentar el crecimiento de estas pequeñas empresas para que se conviertan en grandes corporaciones con unos niveles de defraudación inferiores. En este punto es de señalar que algunas grandes corporaciones que operan en España tiene su sede fiscal en países donde la imposición fiscal es mucho menor, muchas de ellas están en Irlanda, donde el impuesto de sociedades para empresas extranjeras es del 12,5%. En España la imposición es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pequeñas y medianas empresas. Estas son las cargas a las que tienen que hacer frente en la actualidad las empresas españolas, muchas de las cuales, sobre todo las pymes, no tienen la capacidad ni el entramado de ingeniería fiscal del que sí disponen otras grandes corporaciones para eludir el pago de impuestos.
