En octubre de 2011 la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias abría un espacio para la esperanza a las mujeres del medio rural. Era el marco legal necesario para hacer visible un trabajo que nunca había tenido reconocimiento efectivo. Dos años y medio más tarde, la crisis económica ha actuado de freno para que esta mano de obra invisible no aflore. Además, el nulo desarrollo reglamentario ha paralizado otros aspectos como el reconocimiento, en caso de divorcio o fallecimiento, del trabajo realizado en la explotación familiar.
Según los datos de Fademur (Federación de Mujeres Rurales de Andalucía) el 80 por ciento de las mujeres que trabajan en el campo lo hace en explotaciones familiares. De ese 80 por ciento, no llega a un tercio las que son titulares de las explotaciones en las que trabajan. Su trabajo se considera “colaboración que aporta a la renta o la economía familiar pero que no genera ningún derecho”, explica Monserrat Moyano, presidenta de la federación. Legalmente, si está casada con el propietario o es familiar censado en el mismo domicilio, no necesita regularizar su situación (cotizar a la seguridad social y recibir un salario).
Fademur ha pedido reiteradamente al Gobierno que realice campañas de sensibilización para difundir entre las mujeres esta normativa “porque si no tienen información no se acogen”, indica Moyano. De hecho, en la disposición adicional tercera de la ley se reconoce expresamente una campaña de difusión mediante un “programa plurianual”, en el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la Ley. Un mes y medio más tarde hubo elecciones y cambio de gobierno.
La crisis
La información no es el único escollo, “la titularidad genera derechos, pero también obligaciones”. Eso se traduce en obligaciones fiscales y “si ya era difícil pagar dos cotizaciones a la seguridad social antes, ahora con la crisis mucho más”. Según Moyano, desde que se aprobó la ley en Andalucía no se han registrado más de 4 ó 5 solicitudes de titularidad compartida.
Pero hay aspectos de esta norma, dirigida a equiparar los derechos entre hombres y mujeres que no requieren un esfuerzo económico de las familias, y que sólo son un reconocimiento de derechos para las mujeres. Los artículos 13, 14 y 15 de la ley reconocen derechos sobre el valor de su trabajo a las parejas que no opten por la cotitularidad de las explotaciones. En caso de separación, divorcio o transmisión patrimonial pueden reclamar una compensación por el fruto de su trabajo.
El articulado establece que disponen de cinco años de plazo, a partir de que se extinga la cooperación en el seno de la familia, “pero no hay una regulación efectiva de cómo hacerlo”. Según Moyano, esa ausencia de reglamento hace “que día a día estemos perdiendo posibilidades de acogernos”.
"En caso de violencia de género ¿a dónde vas sin recursos?"
Estas normas son indispensables para avanzar, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género que, en el medio rural, suele silenciarse más que en entornos urbanos.“Cuando organizamos actividades de información sobre este tema, es muy difícil que las mujeres acudan, por el miedo”. Un miedo que no sólo evita las denuncias, también las separaciones “porque no tienen recursos ¿adónde van?”. Eso es lo que el desarrollo del articulado garantizaría: derechos.
En la relación de Fademur con el Gobierno, en esta materia, “no está habiendo una interlocución muy fluida”, reconoce Moyano. Año tras año solicitan las ayudas del Ministerio de Agricultura para realizar campañas divulgativas sobre este tema. “Hasta ahora no se ha considerado prioritario”, argumenta. Para Moyano es complicado entender la negativa a avanzar en esta materia “porque económicamente no afecta al Gobierno”, es decir, no hay coste económico para las arcas del Estado ya que regularía la relación entre particulares. Moyano es contundente: “¿Por qué no lo desarrollan? Porque no se lo creen ni están por que las mujeres consigan sus derechos”.
