La Guardia Civil tendrá que entregar a la jueza la copia de las comunicaciones mantenidas por radio entre las patrulleras durante su intervención en el intento de entrada a Ceuta en el que murieron al menos 15 inmigrantes, según fuentes de la acusación popular consultadas por eldiario.es. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha exigido la recepción de las grabaciones en un plazo máximo de cinco días.
La copia de las conversaciones mantenidas durante la polémica actuación del Instituto Armado, en la que utilizaron material antidisturbios, revelaría las órdenes recibidas por los agentes del Instituto Armado en su intento de frenar el avance de los inmigrantes que se dirigían a nado a la ciudad autónoma.
Asimismo, podría confirmar o desmentir algunas de las explicaciones oficiales. Según Interior, cuando parte de los inmigrantes superaron el espigón fronterizo, se dio la orden de paralizar los disparos. “Un grupo de 23 inmigrantes que habían burlado la actuación de las fuerzas marroquíes consiguió acercarse a menos de 25 metros de esa barrera, momento en el que se dio la orden tajante e inmediata de cesar el lanzamiento de medios para no poner en ningún caso en peligro la integridad de los mismos”, explicó el ministro Fernández Díaz el pasado 13 de febrero.
Las imágenes difundidas demostraron que el lanzamiento de pelotas de goma continuó cuando estas personas nadaban ya en aguas españolas, pero la copia de las comunicaciones solicitada por la jueza María del Carmen Serván podría aclarar la veracidad de esta indicación y, por tanto, si se puso en riesgo la integridad de los inmigrantes y, en su caso, sus responsables.
La posible omisión de auxilio es otra de las presuntas irregularidades cometidas por la Guardia Civil durante el pasado 6 de febrero. La versión oficial continúa escudándose en que todas las muertes se produjeron en aguas marroquíes por lo que, sin permiso marroquí, sus patrulleras no podrían introducirse en el país vecino -aunque las imágenes muestran una embarcación española en esta zona-. Las grabaciones podrían aclarar también si el Instituto Armado contaba con el consentimiento alauí.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta incoó diligencias cuando apareció el primer cuerpo sin vida en aguas españolas, dos días después de la tragedia. La primera parte de su instrucción se basó en la solicitud a la Guardia Civil de las imágenes del intento de entrada captadas por las cámaras de seguridad, lo que se retrasó varios días.
Posteriormente, la jueza Serván, quien ha exigido 9.000 euros de fianza a las ONG personadas como acusación popular, ha reclamado al Ministerio del Interior los protocolos que regulan la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el perímetro fronterizo en un plazo máximo de 15 días, además ha preguntado a Marruecos si ha abierto algún procedimiento tras la localización de los cadáveres hallados en sus aguas para solicitar, en su caso, el resultado de las autopsias.
