Sobre el papel, este no iba a ser un mal año para uno de los mayores centros de neurociencia en España. Sus investigadores analizan las causas de enfermedades degenerativas como el alzhéimer o la demencia y también responden preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del encéfalo humano. Este año habían logrado financiación de la Unión Europea y otras instituciones para sus proyectos de investigación por valor de 4,4 millones de euros. Eso permitiría contratar nuevos investigadores durante varios años, renovar equipo científico, crecer. Pero eso era hasta hace una semana.
En una decisión de emergencia, el mayor organismo público de I+D de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha fijado unos escuetos topes de gasto para sus más de 100 institutos, incluido el Instituto de Neurociencias de Alicante. Allí, de un día para otro, los 4,4 millones de euros de proyectos logrados para este año se convirtieron en 600.000, una cantidad que ni siquiera permite llegar a final de año, según denuncia Juan Lerma, director del instituto y uno de los más afectados por las medidas extraordinarias en el CSIC impuestas tras años de recortes continuados por parte del Gobierno actual y el anterior.
“Es un desastre”, resume Lerma, que afronta la gobernanza de un centro con casi 300 trabajadores. “En nuestro instituto necesitamos el doble de este dinero sólo para mantener el personal”. En juego están los contratos de decenas de investigadores cuyo sueldo se paga en cargo a esos proyectos competitivos y que ahora ha quedado severamente reducido, lo que pone en peligro su continuidad. “En todo el CSIC deben estar en peligro miles de contratos, muchos jóvenes pueden irse a la calle y acabarán marchándose al extranjero”, alerta Lerma.
Lo más absurdo es que este movimiento castiga a los mejores. Los grupos de científicos más competitivos, los que el Gobierno ha dicho querer primar en muchas ocasiones, los que logran más financiación de la UE en disputa con otros equipos de otros países son los que ahora salen más perjudicados. También salen esquilados aquellos con más contratos con empresas, un dinero que también queda limitado. Aunque los millones de euros conseguidos existan en el papel, parte no podrán usarlos hasta nueva orden.
El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, ha dispuesto que, con el dinero que sí deja gastar a sus institutos, se priorice el pago de contratos y la realización de proyectos vigentes ya que, de lo contrario, se podrían perder millones de euros que habría que devolver a Bruselas o Hacienda. Pero el dinero en las cajas no permite hacerlo realidad.
En situaciones así, cada centro recurría a sus remanentes, dinero de proyectos concedidos por la UE o el Gobierno de España del que se conservaba parte para ir pagando gastos básicos e incluso poder contratar algún científico joven más. El martes pasado, en una decisión sin precedentes, parte de esos ahorros fueron cancelados y el resto limitados por decisión del presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo.
La razón: el CSIC, que agrupa a 15.000 trabajadores, 6.000 de ellos científicos, se había gastado ya esos ahorros de sus centros ante la emergencia presupuestaria en que vive desde 2009. Ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a recortar la subvención que el Estado aporta el CSIC.
Recortes continuados
Los recortes se sucedieron los años siguientes y, una vez hecho el cambio de Gobierno continuaron inclementes. Desde 2009 el CSIC dejó de percibir 500 millones de euros. De los 410 millones de euros que el CSIC tenía ahorrados en 2009, en enero de 2013 sólo quedaban 82. Ahora el organismo necesita una inyección de 100 millones de euros, según su presidente, pero por ahora el Gobierno sólo se ha comprometido a gastar 75. Los primeros 25 se inyectaron hace dos semanas y los otros 50 están aún en el aire, lo que, según Lora-Tamayo, amenaza con un “cataclismo” en el CSIC en octubre.
“Es ridículo, vamos a cerrar una de las mejores instituciones científicas de Europa por 25 millones de euros”, protesta Alberto Palanques, director del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA). Esos 25 millones de euros son menos de lo que gasta España en resonancias magnéticas innecesarias cada año y también inferior al coste de dos kilómetros de AVE.
Para Palanques, se ha cometido un gran error al usar los remanentes para pagar el funcionamiento general del CSIC durante estos años. “Los remanentes no son ahorros, dinero muerto, sino dinero de investigación, de funcionamiento”, señala. Su centro, por ejemplo, usa esos remanentes para mantener equipos como sus acuarios científicos, con decenas de tanques en los que se realizan experimentos como, por ejemplo, el estudio de las invasiones de medusas en verano que tanto daño pueden hacer al turismo. Con el dinero fijado para este centro hasta final de año, los acuarios “tendrán que cerrar de un día para otro”, señala Palanques.
Hace dos semanas, Lora-Tamayo echó la culpa de la situación a la mala gestión del anterior equipo directivo del CSIC, que, según él, había cometido errores contables que hacían “indistinguibles” los remanentes del CSIC previos a 2012. Esta semana ha optado por una nueva estrategia, reclamando al Gobierno que rescate por completo a su institución. La situación es tan tensa que Lora-Tamayo incluso dejó plantada a Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D, durante su intervención en el Foro España innova.
En su charla, Vela aseguró que el Gobierno inyectará 50 millones de euros más en el CSIC, es decir, 25 menos de lo que necesita, según Lora-Tamayo. Preguntada sobre si podría haber más dinero, Vela dijo: “Haremos lo que sea necesario para mantener al CSIC”, pero antes de comprometer nuevos fondos hay que “cumplir cada una de las etapas”. En otras palabras, el CSIC cifrará su viabilidad en periodos de meses, cuando organismos homólogos como el Max Planck de Alemania lo hace en planes plurianuales en los que su presupuesto está garantizado hasta 2015.
El CSIC ha tenido su propia burbuja inmobiliaria. En la época de bonanza, cuando el organismo contaba con una financiación estable e ingresaba fondos externos, se construyeron grandes proyectos como el Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias, impulsado por el expresidente del CSIC y exsecretario de Estado de I+D Carlos Martínez Alonso. Hoy, este centro de 40 millones de euros edificado en Alcalá de Henares sigue vacío y ocasionando una rémora presupuestaria en las arcas del Consejo.
Ahora, tras la suspensión de pagos y el corralito impuestos el año pasado, los grupos de investigación de todo el país han visto cómo parte del dinero que ya tenían asignado desaparece de sus cuentas. Solo les será devuelto “de forma controlada” una vez que los gestores del CSIC comprueben su procedencia y se recupere la estabilidad presupuestaria. Hasta entonces, el poco dinero que queda en el CSIC se ha “socializado”, sin discriminar entre los mejores centros que han hecho los deberes y han logrado millones de euros en financiación externa y los peores, que han sobrevivido con lo que reciben del Gobierno de una forma más o menos estable a través del Plan Nacional.
Luchas internas aparte, el sentimiento generalizado en el CSIC es que el Gobierno es el que tiene que solucionar el problema. “Llevo toda la vida en el CSIC y estoy orgullosísima, por eso no entiendo bien lo que sucede, por qué el Gobierno nos trata así”, explica Beatriz Morales Nin, directora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. “Queremos ayudar a nuestro presidente a hacer presión para que el Gobierno nos dé el dinero que falta”, resume Lerma. “Es una minucia lo que hace falta para mantener el buque insignia de la ciencia en España”, reclama.
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