Las profundidades marinas son un gran desconocido para la humanidad. Y, aun así, antes de saber qué hay debajo, el ansia de hidrocarburos (petróleo y gas) está llevando a esquilmar las aguas. La aguas más profundas son el mayor ecosistema de la tierra. Casi un 50% de la superficie del planeta está por debajo de los 3.000 metros de profundidad, reseñan Eva Ramírez-Llodra, del Instituto de Ciencias del Mar de CSIC, y David S.M. Billet, del Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido.
Justo en esas profundidades –desde los 200 metros en el talud continental hasta las fosas abisales de 11.000 metros, pasando por las llanuras de entre 3.000 y 6.000– es donde se están multiplicando en España las prospecciones petrolíferas.
29 proyectos exploratorios en marcha y 10 perforaciones activas suman más de 20.000 kilómetros cuadrados de mar barrido por la industria energética en busca de petróleo. Y cada día ese mapa aumenta. Una serie de proyectos con altos riesgos para la biodiversidad marina pero también para la economía basada en la explotación marina, como han puesto de manifiesto Ecologistas en Acción en un estudio sobre las prospecciones.
La exploración marítima a la caza de yacimientos se hace con base en métodos sísmicos de reflexión. La dinámica es la siguiente: un buque transporta unos cañones de aire comprimido de altísima presión. Los cañones lanzan ondas acústicas. Es decir, explotan. Con tal violencia que equivaldría a ir soltando en el agua bombazos de dinamita de entre 30 y 100 kilos.
Sólo en el proyecto que se está tramitando en aguas de la costa valenciana, la empresa Capricorn Spain planea estar 75 días seguidos lanzando ondas cada 10 segundos en un área de 2.400 kilómetros cuadrados a 28 kilómetros de Ibiza.
El ruido mata tanto como la dinamita
Los prospecciones previas, no ya las explotaciones comerciales que extraigan petróleo, son una batería continuada y constante de explosiones en el mar. Cada una ronda los 215-260 decibelios. Unas 600 detonaciones por hora. Más de 14.000 al día.
La Armada británica realizó un informe que establecía que a 15 metros del foco de ruido 237 decibelios provocan la muerte segura. Entre ese nivel y los 225, la muerte es posible y las lesiones, graves. A partir de 200 hay lesiones físicas. Los conservacionistas explican que "todos los peces reseñados tienen capacidad auditiva, por no mencionar a los cetáceos, en los que el sentido del oído es crucial para su supervivencia".
Impacto en la pesca
Si la mera protección de la naturaleza no convence, el daño sobre un sector como el pesquero se hace notar. Los bancos de peces reaccionan al ruido con movimientos de huida y defensa (hacia el fondo marino) incompatibles con las faenas.
Los proyectos mineros planeados en Canarias afectan a ocho puertos pesqueros de Lanzarote y Fuerteventura. El valor anual de la capturas allí está situado en 1,6 millones de euros. En Cádiz, 18 puertos faenan en áreas donde las prospecciones pueden alterar los ecosistemas. Su flota de más de 1.000 embarcaciones aporta 36.800 toneladas de pescado con valor estimado de 96,8 millones de euros. En el Mediterráneo, entre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares suman más de 1.900 barcos, casi 35.000 toneladas en capturas con un valor de 120 millones. En Cataluña se calcula un valor de capturas de 31.700 toneladas y 118 millones de euros.
El mar español se está poblando de cuadrículas en las que el Ministerio de Industria da el visto bueno a lanzar las prospecciones. Luego el Ministerio de Medio Ambiente debe aprobar el estudio de impacto ambiental que las empresas presentan (de ahí la fricción intergubernamental).
En el mar Mediterráneo, en la zona de Alborán, Industria otorgó cuatro permisos en 2010 a CNWL para investigar. Repsol y Gas Natural obtuvieron otros cuatro para sumar 5.500 kilómetros cuadrados. En Valencia, las exploraciones son para Capricorn en tres puntos y un área que supera los 2.400 kilómetros. La zona ambiental protegida más lejana está a 45 kilómetros (Marjal dels Moros) y la más cercana, a sólo 19 (La Almadrava), de un total de 13 espacios naturales con protección.
En la Costa Brava, Repsol y Capricorn se reparten los proyectos que acechan a otras nueve áreas protegidas, alguna, como el Delta de l’Ebre, a tan sólo 12 kilómetros. Otros 12 están pendientes de luz verde en una zona de 11.500 kilómetros cuadrados que abarcaría desde el Golfo de León hasta las Baleares. Ahí, en Tarragona, existe una explotación ya activa que consigue extraer 8.500 barriles diarios (el consumo español es de 1,25 millones al día).
En el Golfo de Cádiz existen cinco zonas marinas con permisos de exploración que cubren más de 1.000 kilómetros de aguas a cargo de Repsol, Schuepbach Energy, Vancast y Petroleum Oil & Gas. En Canarias, los nueve proyectos son de Repsol y asociados y tratan de establecer los yacimientos a más de 3.000 metros de profundidad en unas zonas que cubren, de sur a norte, los litorales próximos de Fuerteventura y Lanzarote.
También se da esta actividad en el País Vasco, donde no sólo están en vigor dos permisos de exploración sino que hay tres explotaciones vigentes y otra más de almacenamiento subterráneo de gas.
Contestación social
El 22 de febrero pasado, miles de personas –cerca de 16.000 según la Policía– se manifestaron en Baleares para exigir la retirada de los proyectos de sondeos y prospecciones petrolíferas en el mar balear. Otros 5.000 les emularon en Castellón.
Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción de Valencia, explica que "hay una gran contestación social". Y se refiere no sólo a la preocupación de los ciudadanos sino de sectores "bastante significativos de la economía de la zona como son el turismo y los pescadores". De hecho, Arribas asegura que las cofradías valencianas están encontrando dificultades en acceder a la información oficial de los proyectos petrolíferos que afectan a las zonas periféricas de santuarios marinos que son sus grandes caladeros.
Un movimiento muy similar está ocurriendo en las Islas Canarias. Allí se han convocado para el día 22 de este mes manifestaciones en rechazo a la entrada de los barcos exploradores en las aguas canarias. Se da el caso de que en estas latitudes se encuentra un corredor esencial en las migraciones de "al menos 30 de las especies de cetáceos más significativas", un tipo de fauna especialmente sensible a las agresiones sonoras.
La lucha política
Las prospecciones petrolíferas también están sirviendo para abonar la lucha política. El 1 de marzo, la consejera de Medio Ambiente valenciana, Isabel Bonig, adujo que su departamento no puede hacer nada para frenarlas "porque hay unos permisos concedidos por un Gobierno anterior –el socialista– y los diputados ahora deben cumplir la ley, ya que, nos guste o no, estas empresas tienen unos derechos adquiridos".
Sin embargo, es el Ministerio de Medio Ambiente actual, dirigido por Miguel Arias Cañete (PP), el que tiene la competencia y potestad para redactar una Declaración de Impacto Ambiental positiva o negativa.
Otro miembro del Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria (líder del PP canario), dijo en enero que "el presidente Rajoy adelantó [a Repsol] que las prospecciones se iniciarán muy probablemente a lo largo de este año, entre julio y septiembre", aunque Medio Ambiente le ha pedido a Repsol información adicional –hasta una quincena de documentos– para poder decidir sobre estas exploraciones. Cubriéndose las espaldas, eso sí, al remachar que la ampliación de informes no es una "paralización".
El 22 de febrero, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), estuvo en las manifestaciones ibicencas en contra de estos proyectos.
