Los concursos de acreedores no funcionan en España. Los datos son contundentes: el 95% de estos procesos acaban en liquidación y no reestructurando las finanzas de las empresas como, en teoría, es su objetivo.
El problema, según ha explicado el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich Rosell, se debe a lo tarde que las empresas recurren al concurso, por un lado, y a que la posición privilegiada que tienen en esos procesos las Administraciones Públicas y la banca, por otro, no favorece la renegociación.
Por ello, el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) ha presentado una serie de propuestas para la modificación urgente de la Ley Concursal, con el fin de evitar el cierre en los próximos seis meses de 65.000 empresas. Este mismo viernes, el Gobierno dio luz verde al anteproyecto de ley en la materia y ahora son órganos como este los que tienen que tratar de influir en el texto hasta su tramitación en proyecto de ley.
Entre las reformas más destacadas está la de modificar la actual condición de privilegio que tienen, a la hora de cobrar deudas, Hacienda y la Seguridad Social. Cuando una empresa impaga a las Administraciones Públicas, se activan unos mecanismos de seguridad y un régimen de sanciones, con el denominado orden de prelación que, según Pich Rosell, hacen que la situación financiera de la empresa se convierta en insostenible.
"La realidad es que una empresa con problemas, que no paga a Hacienda, acaba con una deuda inmensa. Las sanciones por retrasarse se acumulan una tras otra hasta hacer que sea imposible reflotar la compañía", asegura el presidente del Consejo de Economistas.
Tras un estudio en profundidad de los concursos en España realizado por el REFOR, los economistas han propuesto una batería de reformas, muchas de ellas técnicas, entre las que destaca el solicitar que tanto Hacienda como la Seguridad Social puedan tener margen para negociar una vez declarado el concurso de acreedores.
Es decir, que pudieran ampliar los plazos para pagar la deuda, fraccionarla, e incluso aceptar rebajas en las sanciones y recargos. "Con la ley actual, las empresas están abocadas al cierre, y lo que acaban recaudando Hacienda y la Seguridad Social es una cantidad mínima", explica Pich Rosell.
Esta medida implica, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones en esta crisis, que sean las arcas públicas las que asuman el coste de los problemas de las empresas privadas. Y una vez más también, el problema entronca con la banca.
La revisión del sistema concursal propuesta por el Consejo de Economistas, y en la que el Gobierno también está trabajando, urge porque en estos momentos hay casi 200.000 millones de euros de deudas refinanciadas en los últimos años, según los últimos datos del Banco de España.
"Los alargamientos de plazos de esos créditos se pactaron en un momento en el que se pensaba que la crisis iba a ser más corta y que en el 2014 habría un crecimiento importante de la economía", asegura Leopoldo Pons, presidente del REFOR. Pero ni el crédito se ha recuperado, ni el crecimiento tiene el brío esperado.
¿El peligro? Que las deudas refinanciadas, en base a la Ley Concursal de 2009, pensando que se iban a pagar en 2014 tienen muchas papeletas de convertirse en impagos reales, con el consiguiente 'roto' para los balances de las entidades financieras.
Por ello, no sólo se pide que Hacienda y la Seguridad Social sean más laxas en la renegociación, los economistas también creen que es imprescindible que se revisen las normas contables que obligan a la banca a considerar como impagados los créditos refinanciados. "De no ser así, la banca no tendrá ningún interés en refinanciar esos 200.000 millones y estará más incentivada a dejar caer a las empresas", advierte Pich Rosell.
En este sentido, el Ejecutivo trabaja también en que los bancos puedan canjear estos créditos empresariales por acciones de las empresas, y así no tener que contabilizar como dudosos estos créditos que serían, en realidad, activos en el balance de los bancos.
