La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha concluido en un informe que no se puede establecer una relación entre las donaciones de empresarios al PP de los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones públicas a esas empresas, por lo que no habría indicios de cohecho. Se trata de un informe que emana del Gobierno y que es favorable a los intereses del PP.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el informe elaborado para el fiscal por los funcionarios de la IGAE adscritos a la Fiscalía Anticorrupción compara las donaciones de empresarios que contienen los papeles manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas con miles de contratos adjudicados por las administraciones públicas a sus empresas.
Encuadrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública. Técnicos de este organismo, incorporados a la unidad de auxilio de la Fiscalía Anticorrupción, han redactado un primer informe preliminar, previo a otro más extenso que Ruz ha solicitado a la intervención. Lo que por ahora tiene Anticorrupción se trata de un informe de parte y, por tanto, sin carácter pericial.
El documento, de unas decenas de páginas, llega a la conclusión de que no se puede demostrar esta relación porque se comparan unos pocos donativos que reflejan los papeles con miles de contratos remitidos a la Fiscalía por la Dirección General de Patrimonio (que envió documentos sobre trece empresas) y por las propias compañías.
Según las acusaciones del caso Bárcenas, las empresas habrían abonado ese dinero al PP como donativo anónimo a cambio de recibir contratos públicos, lo que, de ser así, constituiría un delito de cohecho, pero por el momento ningún empresario ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber entregado esas cantidades al partido.
Según el informe, para hacer un correcto análisis de este extremo en primer lugar habría que conocer todas las donaciones al PP y no solo las que están en los papeles.
A ello se le suma que en los manuscritos de Bárcenas en ocasiones se identifica a las empresas por sus nombres y en otras por el nombre del empresario, cuando se trata de compañías muy grandes y con muchas filiales, por lo que no se puede saber si el presunto donativo se dio a cambio de un contrato a la empresa matriz o a las que dependen de ella.
Para demostrar esto último, en el informe se refleja un gráfico que muestra una de las empresas supuestamente donantes, OHL, de la que dependen otro centenar de compañías.
Por estas donaciones, el juez Pablo Ruz ha imputado a 17 empresarios que han sido citados a declarar, pero ninguno ha reconocido la autenticidad del dinero que, según Bárcenas, dieron al PP de forma anónima y que se procedía a ingresar en la caja B del partido.
En un segundo informe de los funcionarios de la IGAE -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda- adscritos a Anticorrupción se hace referencia, según las mismas fuentes, a las relaciones entre donativos y adjudicaciones que vio la acusación ejercida por Izquierda Unida en la ampliación de la querella por los papeles de Bárcenas que presentó en septiembre.
El informe no considera creíbles ni lógicas estas conexiones que encuentra IU, ya que en algunos casos las adjudicaciones se produjeron antes de la donaciones, en otros después e incluso se conecta una donación con varias adjudicaciones públicas.
Las empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes son un total de 17, muchas de ellas constructoras como Constructora Hispánica (supuestamente donó 258.000 euros al PP), OHL (530.000 euros), Sacyr Vallehermoso (480.000), FCC (165.000) y Sando (1.250.000).
Un informe de la UDEF del pasado mayo detallaba que de los donativos ingresados por el PP que figuran en los llamados papeles de Bárcenas hay 21 que superan el límite de los 60.000 euros que establecía para las donaciones anónimas la ley de financiación de partidos hasta 2007, cuando este aspecto se reformó.
Doce de ellas, indicaba la UDEF, fueron adjudicatarias de contratos públicos por importe total de más de 12.330 millones de euros por parte de administraciones gobernadas por el PP entre los años 2002 y 2012, periodo en el que también recibieron otros contratos de otras administraciones de otros partidos.
Estos dos informes de la IGAE serán remitidos en breve al juez Ruz junto a otros informes encargados a estos funcionarios, el último de ellos sobre el pago de las obras de reforma de la sede del PP de la madrileña calle Génova encargadas a la empresa Unifica y en las que se investiga un supuesto delito fiscal.
