"Aportar elementos al ciudadano para que valore la importancia de movilizarse, defender sus derechos como consumidor, perderle el miedo a las empresas y despertar frente a prácticas empresariales tan asumidas que ni nos damos cuenta de que son ilegales". Con este objetivo, el periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, lanza 'Defiéndete de #101fraudes' (.
En este libro, Sánchez expone 101 fraudes, ofertas engañosas, contratos abusivos, préstamos trampa… Pero advierte, "hay cientos y cientos más". Así, denuncia la inacción de los gobiernos frente a los abusos de las compañías, la indefensión de los consumidores y las liberalizaciones. Pero propone dos opciones. "Denunciarlo en la calle" o plantar cara a la empresa.
¿Estamos los consumidores a merced de las grandes compañías?
Vivimos en un momento en el que hay impunidad casi absoluta para las grandes empresas. Esa impunidad es fruto de la permisividad que vienen demostrando durante muchísimos años los sucesivos gobiernos, que no actúan ante la comisión de un fraude. El que a una empresa que comete un fraude de gran envergadura no se la controle, no se la sanciones, o que la multa que se le aplique sea absolutamente ridícula se ha convertido en una invitación a seguir cometiendo irregularidades y creando nuevas fórmulas para engañar al consumidor.
Debemos asumir que somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos que resolver esa clase de problemas. Los gobiernos no van a enfrentarse por si solos a la problemática que sufre cada día el consumidor. Tenemos que luchar, movilizarnos y denunciar para provocar cambios en las grandes empresas, que asumen que el abuso forma parte del día a día. Debemos forzar a los gobiernos a cumplir con su obligación y a las empresas, con las leyes.
Usted mismo se pregunta "qué intereses pretenden defender los políticos que nos gobiernan cuando responden (si es que lo hacen) a fraudes con multas ridículas". ¿Se atrevería a responderse?
Hay varios perfiles. Por un lado hay políticos que son cómplices del fraude porque están desarrollando políticas neoliberales acordes a intereses de esos grandes lobbies, como ha ocurrido con el sector eléctrico. Esos mismos políticos lluego fichan por esas grandes empresas. Se convierten en auténticos mercenarios al servicio de intereses empresariales. En otros casos, viven en la inopia. Se pueden priorizar otras políticas sociales, como la educación o la sanidad, pero no tienen la vista puesta en la defensa de los consumidores frente a fraudes que erosionan la economía y provocan que parte de nuestro salario se vaya en pagar tarifas demasiado altas, que podrían haberse contenido o que están pactadas de antemano.
Los organismos autonómicos de defensa de los consumidores se declararon incompetentes a la hora de pronunciarse sobre las cláusulas suelo –algunas de las cuales el Tribunal Supremo considera abusivas-, ¿es el no hacer nada la tónica habitual?
Es que son unos incompetentes y unos irresponsables. Eso está claro. No están a la altura del puesto que ocupan y del salario que cobran, que les pago yo y les pagamos todos los ciudadanos. Con el caso de las cláusulas suelo, que ha sido uno de los fraudes financieros de mayor envergadura de la historia de nuestro país, con decenas de miles de millones de euros cobrados de forma fraudulenta, no es que no dieran la talla, es que se quisieron desentender de todo. Durante la etapa socialista, desde FACUA solicitamos al Instituto Nacional del Consumo –actualmente dentro de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria– que interviniera, al considerarla ilegal y abusiva. Nos dijeron que la historia no iba con ellos. En el Banco de España, que la cláusula era legal porque la había negociado el consumidor con cada banco. Presentaban la situación idílica en la que yo me pongo de acuerdo con la entidad en lo que quiero pagar, cómo y cuáles son las condiciones. Las Comunidades Autónomas no hicieron nada. Y siguen sin hacer nada, porque hoy, de las 17, 16 no han abierto expediente sancionador. La única que ha anunciado una sanción, la Junta de Andalucía, habla de multas de 400.000 euros.
¿Qué parámetros se utilizan para determinar la cuantía de las multas en este tipo de casos?
Según la legislación, se puede imponer, en el peor de los casos, una sanción similar al dinero obtenido, como ocurre en Andalucía. En el mejor, es hasta diez veces esa cantidad, como sucede en la normativa catalana. En el resto de casos, casi todas las autonomías tienen un régimen sancionador de hasta cinco veces la cantidad defraudada. El régimen sancionador fijo establece unas cantidades para infracciones leves, graves o muy graves, pero junto a ese régimen sancionador, las normas plantean que en determinados casos se puede imponer una multa proporcional a las dimensiones del fraude multiplicándolo hasta por cinco. Pero desde que se aprobó la primera ley de defensa de los consumidores, hace 30 años, eso no se ha aplicado nunca.
Si un responsable de las políticas de protección del consumidor resuelve un expediente sancionador por un fraude de 1 millón de euros con una multa de 10.000 euros, evidentemente no les has puesto una multa a la empresa, sino que, al contrario, le has perdonado el fraude. El mensaje que trasladan los gobiernos autonómicos y estatal es: Comete otro fraude, que no te va a pasar nada.
Muchos de los fraudes del libro acaban resolviéndose en los tribunales a favor de los consumidores pero todos esos procesos suponen un coste económico, en ocasiones, difícil de asumir. ¿Qué ocurre entonces?
Muchos fraudes se resuelven sencillamente diciéndole a la empresa 'adiós, muy buenas. No te pago y si me amenazas con que me quieres cobrar y meterme en un registro de morosos, ten cuidado porque te voy a denunciar yo a ti'. En el libro explico cómo se reclama y, realmente, es muy fácil. Además puedes denunciar de forma gratuita ante las autoridades de consumo y, en el caso de que te incluyan en un registro de morosos, a la Agencia Oficial de Protección de Datos. Aunque es cierto que hay muchas reclamaciones en las que no te queda otra que acabar en los tribunales. Y ahí si importa el dinero. Gracias a Gallardón a las empresas se las denuncia menos porque, en determinados casos, tenemos que pagar tasas judiciales.
¿Hemos asumido la actitud de las compañías de telecomunicaciones, las eléctircas, etc. como algo habitual?
Exactamente. Está totalmente socializado el sentido de que una compañía de telecomunicaciones, una eléctrica, un banco, está para timarnos, para engañarnos, para subirnos la tarifa y para cobrarnos una comisión abusiva y que, encima, nos tenemos que aguantar porque el mundo es así. Y el mundo es así porque nosotros nos aguantamos. Es la esencia de lo que quiero plasmar en el libro. Vamos a movilizarnos para decirles a las empresas que no toleramos que abusen de nosotros y que vamos a denunciar todos los fraudes. Hay muchos ejemplos de que podemos cambiar las cosas. La marea blanca acaba de parar una privatización fraudulenta de la sanidad pública madrileña. Logramos acabar con el redondeo en telefonía. Además, cuanto mayor sea el nivel crítico del consumidor para decirle a una empresa que no quiere nada con ella y que se va a otra, aunque sea más cara, porque es seria y le trata como corresponde, se irá creando la conciencia de que el ciudadano es un consumidor con derechos. Ya hay empresas que buscan ese nicho de mercado del consumidor crítico que, aunque no sea mayoritario, está ahí.
El sector de las telecomunicaciones es el que más denuncias tiene. En este caso, como en el de las eléctricas, hemos pasado de un monopolio público a una liberalización. ¿El cliente ha perdido protección?
Lo importante de esto es que si hoy tuviésemos una Telefónica, una Endesa o una Iberia públicas, tendríamos mucho dinero, porque ganan miles de millones de euros cada año. Y sería dinero público. Pero tanto gobiernos socialistas como del PP decidieron poner en manos de empresarios privados esas empresas públicas por cantidades absolutamente ridículas si echamos la vista atrás, para abrir el maravilloso mercado liberalizado. En el plano teórico del pensamiento liberal, cuando hay varias empresas hay competencia, luchan por dar más calidad y mejores precios. Es todo mentira, pero nuestros gobernantes siguen vendiéndonos el cuento de que la liberalización y la competencia son sinónimo de calidad y de mejora en los precios. Es sinónimo de oligopolio.
Cuando a una serie de empresas las dejas actuar por su cuenta, sin marcar precios máximos ni controlar realmente sus prácticas, lo que hacen es pactar los precios. ¿Para qué voy a bajar la tarifa sin voy a tener clientes igual? ¿Me enfrento a ti para que tú también bajes la tarifa y el otro la baje más y al final tengamos precios muy bajos? Prefiero que tengamos repartido el mercado y ganemos todos un montón de dinero. Vodafone no aspira a ser la compañía que tenga el 80% de los clientes. Sabe que no va a superar un tope. Movistar sabe que tiene en torno a la mitad del mercado de las comunicaciones y puede que ahí se quede. Yo un 50, tú un 30, esta un 18 y los demás un 2%.
Con el aumento en la tarifa eléctrica el ciudadano también sale perjudicado
El Gobierno no quiere que las tarifas bajen ni que haya control del mercado. ¿Sabes quien fue el primero en anunciar la nueva tarifa conforme al mercado? El ministro De Guindos. ¿Y quién es De Guindos? Era el tercer consejero mejor pagado por Endesa. Ganaba 368.000 euros en 2011, justo antes de entrar al Gobierno contratado por Rajoy como ministro de Economía para ganar unos 70.000 euros al año. Dudo mucho que De Guindos esté ganando tan poco dinero por amor a España. Ser ministro de Economía es su negocio actual, pero luego le traerá muchos réditos.
Todo lo que ha pasado con la electricidad lo han provocado Felipe González empezando a privatizar Endesa, Aznar culminando la privatización y luego liberalizando el sector y Zapatero continuando la liberalización de Aznar. Zapatero no cuestionó la liberalización, con Solbes y Elena Salgado como ministros de Economía. Solbes y Elena Salgado ahora son empleados de Endesa y Acebes uno de los consejeros más importantes de Iberdrola. Y no sabemos a qué se dedican ahí o si no se dedican realmente a nada. Normalmente, cuando a un exgobernante lo ficha una empresa quizás no le está pagando por lo que va a hacer sino por lo que ya ha hecho.
El último fraude del que habla en el libro es 'el del programa electoral incumplido'. ¿Qué hacemos contra ese?
Denunciarlo en la calle. Provocar que los medios de comunicación se hagan eco del gran fraude que supone que los políticos estén plegados a intereses empresariales, que se dejen influenciar por el lobbie de las eléctricas o de las 'telecos' en lugar de dejarse influenciar por el de los millones de ciudadanos que estamos en España con problemas. Y valorando a qué intereses ha servido cada partido cuando vayamos a votar. A parte de qué es lo que prometen, qué es lo que ha hecho.
¿Hemos priorizado los ciudadanos nuestros derechos como consumidores?
Hemos priorizado mucho la defensa de los intereses de los trabajadores. Tener derecho a un empleo digno, con un salario decente y unas condiciones laborales mínimas y una protección es absolutamente prioritario. Eso hace que yo pueda tener un salario digno, pero lo que gano como trabajador lo estoy utilizando como consumidor. Por lo tanto, el nivel de protección como consumidor debería ser tan prioritario para un Gobierno y los ciudadanos como el nivel de protección como trabajador. ¿De qué me sirve tener un salario digno si estoy pagando en telefonía más del doble de lo que debería, en electricidad una barbaridad y por la gasolina un disparate? Estoy perdiendo un salario, más alto o más bajo, sin darme cuenta de que he caído en una trampa.
