Al evolucionar conforme a las cotizaciones del mercado eléctrico, los nuevos precios para el consumidor pueden sufrir una variabilidad entre un bimestre y otro de dos euros al alza o a la baja, que podría ascender a 6 euros en caso de que se den circunstancias relacionadas con el mayor o menor viento o hidraulicidad, según asegura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe sobre la propuesta de real decreto del Gobierno que regula el nuevo sistema para elaborar el recibo de la luz.
La CNMC advierte, también de "la necesidad de realizar una labor informativa dirigida al consumidor para que conozca dónde puede consultar los precios del mercado eléctrico para el día siguiente. Asimismo, esta labor informativa cobra especial relevancia a medida en que se vayan generalizando los equipos de medida con telegestión, de manera que los consumidores puedan conocer cómo afectan sus decisiones de consumo horario a su factura eléctrica y dónde pueden comprobar que se les ha facturado correctamente. Tan solo los consumidores informados y que tengan equipos de medida con telegestión tendrán capacidad, por el momento, para utilizar eficientemente las señales de precio que se deriven del mercado, de modo que éstas repercutan en una reducción del precio medio que pagan por su consumo eléctrico".
Además, el regulador pide que se realice una labor informativa de cara al consumidor, a la vista de que la modificación es "compleja", y considera que su aplicación "complica" la labor de las comercializadoras, que tendrán que analizar 1.480 horas en el caso de los contadores digitales. El plazo de adaptación de un mes es "insuficiente", señala.
La CNMC también advierte de que a cierre de 2014 solo se habrán sustituido el 35% de los contadores analógicos por los digitales.
El informe también destaca aspectos positivos. El nuevo mecanismo puede suponer una reducción del precio de la factura del 4,3%, al eliminarse la anterior prima de riesgo de los mercados financieros. Las subastas Cesur, señala, han ocasionado un sobrecoste de 1.671 millones desde 2009, superior a los 1.100 millones calculados por el Gobierno.
