Lejos de entonar el "mea culpa", el PP quiere que el Congreso de los diputados cierre filas con la Guardia Civil tras su escandalosa actuación en la tragedia de Ceuta que se saldó con la muerte de 15 inmigrantes. Los populares se quieren sacudir el escándalo y las críticas recibidas durante el debate del estado de la nación con una propuesta de resolución en la que la inmigración sea declarada como política de Estado. No contentos con eso, los populares piden que el Congreso "reconozca y agradezca expresamente la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la vigilancia y control de las fronteras".
Se trata de la primera ocasión en la que los populares plantean desde el gobierno una propuesta de resolución específica sobre el problema del control de fronteras y la derivada humanitaria que rodea al trabajo de las FCSE. La propuesta, que habrá de ser votada por todos los grupos, nace de la preocupación instalada en las filas del PP por las críticas a la gestión llevada a cabo por la Guardia Civil en Ceuta durante la madrugada del 6 de febrero en la frontera entre Ceuta y Marruecos.
El PP quiere compartir responsabilidades y culpas. Ese ha sido, en definitiva, uno de los puntos centrales en el cara a cara entre Rajoy y Rubalcaba durante la primera sesión del debate. El socialista le recriminó a Rajoy la actuación de la Guardia Civil, mientras que Rajoy se quejó de que con Rubalcaba como ministro también hubo fallecimientos al pie de la valla. Sin embargo, los socialistas insisten en que nunca antes se había abierto fuego sobre inmigrantes en el agua, intentando llegar a España.
Así las cosas, los populares quieren buscar una posición común ante Europa en el mismo día en el que Europa ha criticado por segunda vez la actuación española en Ceuta. En su propuesta, los populares señalan la necesidad de "impulsar instrumentos que garanticen el retorno digno y seguro de los inmigrantes fomentando el retorno voluntario a sus países de origen". Nada que ver con la última negociación impulsada por España y Marruecos en la que se plantea la posibilidad de modificar los acuerdos actuales para permitir devoluciones en caliente.
El movimiento político de los populares se alinea con la postura defendida por el ministro de Interior que, a pesar de la crítica clamorosa, ha salido en defensa del trabajo de a Guardia Civil en Ceuta. En la misma línea su director general, Arsenio Fernández de Mesa, arengó desde el terreno a sus agentes, pocos días después de la tragedia y amenazó con querellas ante quienes cuestionasen el buen nombre del Instituto Armado.
