"Yo he cumplido mi compromiso. Con esta Cámara. Con todos ustedes, señorías y con los españoles". Mariano Rajoy ha presumido así de haber respetado las promesas para atajar la corrupción que hizo en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente. En esa ocasión, el caso Bárcenas y sus efectos en el PP protagonizaron el debate y le obligaron a anunciar un paquete de medidas destinada a frenar la corrupción. Un año después, se ha mostrado orgulloso de haber respetado su promesa.
Pero los "dos grandes pilares" que suponen el control de la actividad económica de los partidos y el de los altos cargos son aún proyectos de ley. Hace sólo diez días que el Consejo de Ministros los aprobó y les dio luz verde para remitirlos al Congreso. Queda negociarlos con los grupos parlamentarios, que reprochan al PP falta de ejemplaridad por la negativa de Rajoy de ofrecer explicaciones sobre Bárcenas más allá de su comparecencia en el Senado. En ella, Rajoy se limitó a reconocer su error por haber confiado en Luis Bárcenas como tesorero, pero no explicó por qué siguió cruzando SMS con él una vez descubiertas las cuentas en Suiza.
Este martes, el presidente les ha vuelto a pedir su apoyo para que salgan adelante con el máximo consenso posible: "El número de luces verdes en esa pantalla es una forma también de disipar la sombra que se cierne sobre la función política".
Además de estas dos futuras reformas, Rajoy ha señalado que es necesario adecuar el Código Penal para ser más eficaz contra la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos. Y que el castigo o la absolución de los tribunales no llegue años después de destaparse los casos. "Es necesario que lo haga a tiempo, para que no sea ni una condena anticipada ni una forma de impunidad". En este punto, el presidente ha prometido que escuchará "las aportaciones de todos" para acordar las reformas porque, ha dicho, "la corrupción no ataca a ninguna ideología ni a ningún partido más que a otro". Los murmullos que se han escuchado en el hemiciclo han demostrado que sólo su partido está de acuerdo con él.
Más allá de esta oferta de diálogo destinada "a la prevención y castigo de los casos de corrupción que se produzcan mañana" y de los anunciosen materia de política económica, el jefe del Ejecutivo ha dejado de lado varios de los temas que más preocupan a la sociedad y llaman a los ciudadanos amanifestarse en las calles. La ley Wert o LOMCE no ha salido a relucir. Tampoco la controvertida contrarreforma del aborto impulsada por Gallardón y el retroceso que implica para las mujeres.
A la inmigración le ha dedicado un solo párrafo de las 44 páginas que ha ocupado su discurso y se ha limitado a señalarla como un "dramáticoproblema que la Europa comunitaria todavía no ha acertado a resolver". De estemodo, la referencia a Lampedusa, Ceuta y Melilla han servido solamente paraderivar las responsabilidades, sin ni siquiera una mención expresa a las 15 personas que murieron el pasado 6 de febrero en su intento por alcanzar a nadola costa española.
En su lugar, ha preferido reservar parte de sudiscurso a Cataluña aunque sin moverse un ápice. Así, Rajoy ha insistido en que el referéndum "no se puede celebrar porque no es legal" y que la escisión de Cataluña es del todo inviable: "No hemos conocido otra condición que la unidad y niqueremos ni conviene quebrarla".
A la salida, lo habitual. Los diputados del PP y los presidentes autonómicos invitados se han mostrado eufóricos con el anuncio de la rebaja en las cotizaciones para las empresas que contraten personal y mantengan los puestos de empleo durante 3 años. Convencidos de que en materia anticorrupción ya se han hecho los deberes, los conservadores sólo tenían ojos para dos temas: la venta de la recuperación económica como un hecho imparable y la firmeza en la defensa de la unidad de España.
