La estructura de Coca-Cola en España era hasta ahora un puzle que al intentar encajar las piezas ha hecho saltar el tablero de juego. El periodo de consultas entre empresa y trabajadores ha terminado sin cerrar un acuerdo pese al radical cambio de condiciones de la oferta inicial. La empresa pasó de hablar de 1.250 despedidos con una compensación de poco más que lo que ofrece la reforma laboral (en este caso 30 días por año con un máximo de 18 mensualidades) a bajas incentivadas y un amplio plan de prejubilaciones. Pero la oferta llegó muy ajustada en el tiempo y con las plantas abocadas al cierre en pie de guerra.
Oviedo, Palma de Mallorca, Alicante y Fuenlabrada se resisten al cierre, y los sindicatos han tomado como bandera la necesidad de no cerrar estos centros de trabajo para firmar un pacto laboral.
Sin embargo, la opinión de la plantilla está muy polarizada. Es importante comprender que hasta ahora estos centros de trabajo eran independientes y funcionaban de forma completamente autónoma. Esto hace que el personal de los centros de trabajo no se sienta especialmente implicado por empresas que hasta ahora no tenían nada que ver con las suyas (precisamente uno de los argumentos para recurrir el ERE es que no son las mismas empresas).
El desgaste de los días de huelga consumidos este mes y la atractiva oferta de la compañía han terminado por fragmentar a la plantilla ante el ERE. Un día antes del acuerdo, las plantas de Málaga, Sevilla y Barcelona hicieron asambleas de trabajadores en las que estos les pidieron negociar el acuerdo. Sin embargo, esta consulta, que fue realizada de forma casi espontánea, no se ha hecho en el resto de las plantas, principalmente las que van a cerrar, por lo que los sindicatos decidieron no firmar el acuerdo con la empresa.
Entre las plantas que van a cerrar ha cundido el desánimo. Precisamente son los trabajadores de esos centros los que más días llevan en huelga y prácticamente no cobrarán nada en la nómina de febrero. Después de ver la actitud de la empresa, temen que en cualquier caso se ejecute el ERE y cierren sus centros. Aunque los sindicatos han anunciado que entonces impugnarían el ERE, el derrotero judicial les puede tener meses, incluso años, con sus centros cerrados. Ante esta incertidumbre, las bajas incentivadas y las prejubilaciones para mayores de 56 años han sido un reclamo para muchos afectados.
Además, destaca por su beligerancia la planta de Fuenlabrada, cuyos representantes sindicales se declararon en rebeldía y fueron los primeros en comenzar una huelga indefinida que no se había pactado con el resto de centros, y que terminaron secundando, poco a poco, los de Alicante y Palma de Mallorca. Algunos representantes de UGT han denunciado incluso intimidación por parte de los otros representantes sindicales a la hora de asistir a encuentros con la empresa. Para estos trabajadores, el cierre de la fábrica es una línea roja que –ofrezca lo que ofrezca la empresa– no están dispuestos a cruzar.
La empresa, a bandazos
El conjunto de los trabajadores se enfrenta a otras dos semanas de incertidumbre por delante. La empresa se ha reservado su derecho de agotar este plazo para presentar formalmente el ERE ante Trabajo y ya no tiene obligación de seguir negociando con las partes. Los sindicatos sí que parecen abiertos a seguir hablando, siempre y cuando se ceda, por parte de la empresa, en que no se cierren centros.
Tampoco está claro si la empresa se va a atrever a dar el paso de presentar el ERE sin acuerdo. El desgaste para la marca ha sido muy superior al esperado y desde Atlanta han llegado voces de aviso. Aunque el ERE lo ejecuta formalmente Iberian Partners, la fusión de las siete empresas embotelladoras fue auspiciada por la dueña de la marca, Coca-Cola Company, tal y como viene recogido en los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es.
Después de que la empresa iniciara el proceso de ajuste sin orden ni concierto, las dos compañías han comenzado, muy lentamente, a retomar las riendas de la situación. No solo con la oferta mejorada, sino también con una presencia en medios (el fin de semana pagaron una publicidad en los principales diarios con su versión sobre el ERE) algo más meditada.
Lo cierto es que además de cambiar las condiciones económicas, la empresa también rebajó ligeramente la factura de los despidos al anunciar que no cerraría los almacenes de Oviedo y Palma de Mallorca. Este cambio, aseguran algunos expertos laborales, afianza ante una posible impugnación la defensa de la compañía, ya que habría alterado la reforma organizativa que es, precisamente, lo que aduce la embotelladora para realizar el ajuste.
Causas para la impugnación
Sin embargo, los sindicatos aseguran que no irán por esa vía de la impugnación y que irán a la mayor. Como explica Sebastián Serena, el responsable de Alimentación y Bebidas de UGT, pedirán invalidar la totalidad del proceso, ya que no consideran que la embotelladora, Iberian Partners, sea una unidad laboral que pueda presentar un ERE así, sino una agrupación mercantil. En este sentido, recurrirán incluso la validez de la mesa de negociación, ya que debería haberse realizado de forma individual, embotellador por embotellador.
Para Begoña de la Fuente, abogada del departamento laboral del despacho Ceca Magán, siempre existe la opción de recurrir ante los tribunales el ERE, bien de forma colectiva, bien de forma individual, siempre que se aprecien, por ejemplo, "defectos de forma, falta de aportación de documentación por parte de la empresa, presentación parcial e interesada de tal documentación contable, falta de nitidez en los motivos esgrimidos, o causas discriminativas".
También cabe esperar que se aduzca mala fe por parte de la empresa, ya que se han llevado a cabo durante el periodo de negociación el suministro de producto desde otros centros de trabajo. Expertos consultados señalan que la impugnación del ERE es posible y puede prosperar, independientemente de la cantidad que la empresa ofrezca como indemnización. "El ERE tiene que estar basado sobre unos supuestos de hecho, tiene que cumplir con una serie de requisitos que hay que acreditar", explica la profesora de Derecho del Trabajo Adoración Guzmán.
