La Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y ha aclarado que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos que lo soliciten.
La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
Vázquez ha explicado que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial, y ha apuntado que desconoce si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios.
También ha señalado que la Junta de Andalucía no va a recurrir el auto de la juez porque "quiere andar con pies de plomo" en este asunto y ha asegurado que "no hay motivos" para imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Ha defendido el derecho de la administración autonómica a "hacer públicas sus discrepancias" con el auto, el cual -ha reiterado- es "perfectamente recurrible y señala a personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía".
Además, ha censurado que el auto "parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal" y tiene "cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas".
Vázquez ha criticado que los imputados señalados en el auto judicial de Alaya no hayan recibido hasta el momento notificación oficial del juzgado.
Igualmente, ha sostenido que la petición que ha hecho hoy la Fiscalía Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya para que fije un "calendario razonable" para la declaración de los veinte nuevos imputados por el fraude de los ERE va en la línea planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por la Junta de reclamar celeridad en este caso.
