En las escasas ocasiones en las que el Gobierno o la Guardia Civil han admitido haber efectuado devoluciones en caliente de inmigrantes, ilegales según la ley de Extranjería, han apelado al tratado de readmisión de extranjeros firmado entre Marruecos y España en 1992 -aprobado en 2012-. Así, durante años, han dejado en el aire la ambigüedad de qué norma prima sobre la otra. No obstante, las entregas inmediatas a inmigrantes, reconocidas por el Gobierno, incumplen ambos documentos, además de un sin fin de tratados internacionales.
