Alfonso Alonso ha confirmado este martes que el PP espera las conclusiones del grupo de trabajo al que el Gobierno ha encargado el estudio de la Ley de Extranjería para modificarla y agilizar las devoluciones de inmigrantes. El portavoz del PP ha afirmado que el tratado firmado con Marruecos en 2012 "permite que el Estado pueda devolver a los inmigrantes que entran ilegalmente, pero parece que da lugar a problemas". Para solventar las "deficiencias" en el proceso, el PP quiere contar con el apoyo de los socialistas, a los que acusan de intentar obtener una "ventaja partidista a costa de la Guardia Civil" y de utilizar las muertes de los 15 inmigrantes en ceuta.
"Ya me gustaría a mí hacerlo con el PSOE", ha exclamado Alonso después de acusar a Alfredo Pérez Rubalcaba de mantener un discurso "insólito e impropio" en materia de inmigración después de haber sido ministro del Interior. El portavoz del PP ha aprovechado su salida de la Junta de Portavoces del Congreso para echar mano del argumentario del PP y acusar a Rubalcaba de contradicción por defender "el pacto con Bildu en Navarra y atacar a la vez a la Guardia Civil".
Los cambios que prepara Interior en la Ley de Extranjería supondrían en la práctica la legalización de las llamadas devoluciones en caliente o, al menos, que los trámites sean mucho más rápidos para entregar a los inmigrantes a Marruecos. Después de que las evidencias y de que el propio Jorge Fernández Díaz admitiera que en "casos puntuales" se vulnera la legalidad al devolver a Marruecos a los inmigrantes que consiguen llegar a España sin seguir el procedimiento establecido, el departamento que dirige ha creado un "grupo de trabajo" para plantear el cambio legislativo, según informa El Mundo.
El propósito del Gobierno es unificar la legislación española que regula las devoluciones de las personas que entran a España de manera irregular. La ley de extranjería obliga a prestar asistencia jurídica y ofrecer un traductor a los inmigrantes sin papeles, así como permitir que pidan asilo político. Por otro lado, el acuerdo bilateral entre España y Marruecos -firmado en 2012- limita estos derechos al permitir que el reino alauí acepte de manera rápida a las personas que cruzan la frontera. Aun así este tratado obliga a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trasladen a la comisaría a los sin papeles para identificarlos y pedir la autorización de entrega a Marruecos.
Jorge Fernández Díaz admitió ante las evidencias publicadas de 'devoluciones en caliente' que la legislación se vulnera en "casos puntuales". Un vídeo demostró quevarios inmigrantes que alcanzaron la costa española el pasado 6 de febrero fueron devueltos inmediatamente al otro lado de la frontera por la Guardia Civil sin pasar por el trámite legal correspondiente. El ministro dijo en la Comisión de Interior que los agentes devolvieron 'en caliente' a un total de 23 personas ese día. La explicación es que se hizo por "razones humanitarias", que se esperó a que llegaran a la costa porque haberles repelido en el mar hubiera sido peligroso para su vida.
El titular de Interior dijo que no puede considerarse una "devolución en caliente" porque los extranjeros no llegaron a superar el cordón que desplegaron en la orilla los agentes de la Guardia Civil, delimitando el territorio nacional ante el supuesto riesgo que supondría hacerlo en el agua. Defendió que no habían entrado en España y que por eso la devolución a las autoridades marroquíes no vulnera la Ley de Extranjería.
Dado que la Ley de Extranjería no menciona la posibilidad de sustituir la frontera por una cadena humana de agentes, el ministro sostuvo esta afirmación amparándose en "una interpretación de la ley" que lleva aplicándose desde 2005, debido a las circunstancias concretas de la frontera de Ceuta, delimitada por un espigón en su zona costera.
Un cambio en la legislación vigente podría dar validez legal a estas devoluciones inmediatas. Según El Mundo, el grupo de trabajo que ha creado Interior pretende modificar las cuestiones relativas a las devoluciones. Pese a que el ministro admitió la vulneración de la legalidad, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que "se está aplicando la ley de extranjería", aunque dejó claro que, a su juicio, "ésta tiene deficiencias".
