La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar una pena de prisión para Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, cuando elabore su escrito de acusación, de entre diez y diecinueve años por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.
Diez años de prisión sería la pena mínima que reflejaría el escrito de acusación en el caso de que contemple los tipos más reducidos por cada uno de los seis delitos por los que sería acusado el duque de Palma, y diecinueve la máxima, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La fijación de las penas que solicitará la Fiscalía depende también de si alguno de los ahora imputados deposita dinero para compensar el posible daño causado a las arcas públicas antes de que se formule el escrito de acusación, un hecho que podría ser considerado atenuante y que la condena pedida fuera menor.
Tras la declaración de la infanta Cristina como imputada el pasado sábado, la instrucción del caso se encuentra en su recta final a falta tan solo de algunas decisiones que debe adoptar el juez instructor, José Castro, sobre nuevas declaraciones de testigos solicitadas por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres.
Una vez resuelva esa cuestión, el magistrado previsiblemente dictará el auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que discriminará quiénes continuarán imputados y quiénes no.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción dictará el escrito de acusación en el que concretará acusados, delitos y penas que solicitará para cada uno de ellos.
Pedirá 600.000 euros a la infanta
En el caso de la infanta Cristina, para quien la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar que pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, esta petición tampoco llegaría a formularse en el escrito de acusación si su defensa consignara una cantidad previamente.
La cuantía a reclamar a la infanta sería la de los gastos particulares que realizó ella, del 50 % percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.
Para el otro principal imputado en el caso Nóos junto a Urdangarin, su exsocio Diego Torres, se le acusaría por los mismos delitos que al duque de Palma salvo el fraude fiscal, por lo que la pena oscilaría entre seis y catorce años.
Otros imputados que previsiblemente serán acusados son el responsable contable y financiero del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, y el secretario y gestor jurídico de la entidad Miguel Tejeiro.
La imputación de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, y del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, (responsable de recursos humanos del instituto y tesorero, respectivamente) podría ser sobreseída.
Por los fondos públicos presuntamente desviados desde Baleares, para el expresidente Jaume Matas la Fiscalía podría solicitar entre 4 y 8 años por malversación, además de inhabilitación por prevaricación, y hay también otros exaltos cargos del Govern balear que por el momento siguen imputados en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción también deberá decidir si acusa y solicita condenas para varios altos cargos de Valencia imputados por los fondos concedidos a Nóos por la organización de las cumbres Valencia Summit y la candidatura a los juegos europeos.
En la misma situación figuran tres altos cargos de la Fundación Madrid 2016, por un contrato de prestación de servicios de lobby de apoyo a la candidatura olímpica que fue articulado como donaciones a la Fundación Deporte, Cultura de Integración Social (Fdcis), considerada sucesora de Nóos.
