Grupo Unidos por el Canal y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han apurado los plazos para llegar a un acuerdo con ofertas y contraofertas que conformaban un auténtico Soduko financiero. La conclusión, por el momento, es que este tipo de estrategias de ingeniería financiera no son suficientes para desatascar el conflicto.
Si se quiere culminar en los plazos establecidos este emblemático proyecto clave para la economía del país -y para el tráfico naviero mundial-, es ineludible que alguna de las partes, o ambas, aporten dinero adicional “contante y sonante”. Fuentes conocedoras del proceso insisten que los sobrecostes detectados en tono a 1.200 millones de euros no son una ficción y la exigencia de cobro de proveedores y subcontratistas no se aplaca con “florituras financieras”.
Tanto ACP como los contratistas son conscientes de que se evitarían males mayores si uno de ellos, o ambos, dan en las próximas horas algún paso al frente, ponen recursos financieros adicionales encima de la mesa, y se retrotraen a los tiempos en que la obra, que ya está completada en un 72%, avanzaba por el buen camino.
Este deseo se refleja en el comunicado emitido por Sacyr y sus socios, tras constatar la imposibilidad de escenificar el acuerdo en el plazo fijado. El consorcio “sigue intentando encontrar una solución para la finalización de las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, de acuerdo con el protocolo que se extendió previo acuerdo de las partes la semana pasada”. No obstante, en su nota a la CNMV, GUPC -las siglas por las que responde el consorcio- señala a la Autoridad del Canal como la responsable de haber provocado la ruptura de las conversaciones.
Las consecuencias del fracaso no se han hecho esperar. Sacyr cae con fuerza en Bolsa (al comienzo de la sesión hasta un 7%). Horas después de que se haya constatado la falta de acuerdo, fuentes cercanas a Sacyr muestran su preocupación porque, una vez que en Panamá se vuelva a recuperar la actividad política, tras el descanso nocturno, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, sienta la obligación de escenificar la ruptura del proceso negociador, toda vez que en días pasados había apostado por el acuerdo.
Ingeniería financiera
GUPC había apostado por sacar adelante la propuesta planteada por Zurich, la aseguradora del proyecto. La solución pasaba por convertir en un préstamo la fianza del 400 millones de dólares (unos 295 millones de euros) del proyecto y que, además, tanto el consorcio liderado por Sacyr como la ACP aportaran otros 100 millones de dólares (unos 73 millones de euros) cada uno.
Las fuentes consultadas indican que esta vía se ha demostrado inviable para hacer frente a exigencias de financiación del día a día de una obra que, hasta noviembre, estaba completamente lanzada y, por tanto, requiere recursos reales “y no fórmulas que solo difieren pagos a proveedores y subcontratistas a los que ya se adeudan cantidades muy importantes”.
Una vez que las perspectivas de acuerdo se han torcido, han quedado reabiertas las puertas de los reproches. Y la principal reclamación que la autoridad del Canal plantea a GUPC es la inmediata devolución de los 784 millones de dólares (580 millones de euros) en concepto de adelantos reembolsables concedidos por la ACP. Sacyr y sus socios no han atendido sin embargo la petición alegando que antes un tribunal de arbitraje debe pronunciarse sobre el contencioso de los sobre costes en los que e ha incurrido.
Ahora, la Autoridad del Canal puede ejecutar los avales concedidos por Scotiabank y HSBC sobre dichos adelantos, así como el seguro de protección de Zurich, con lo que la vía de la recuperación del entendimiento quedaría definitivamente cegada.
La propiedad del Canal ya ha entregado a GUPC 2.831 millones de dólares (2.094 millones de euros), además de unos 160 millones de dólares (118 millones de euros) en concepto de los sobre costes que ha reconocido.
La alternativa española
La ruptura de la vía de negociación entre GUPC y ACP pone de nuevo encima de la mesa las posibles alternativas. Ayer mismo el embajador de Panamá en Madrid, Roberto Eduardo Arango, advertía que la ampliación del Canal se hará “con o sin” el consorcio liderado por Sacyr ya que su Gobierno tiene contraídos unos “compromisos ineludibles” con países vecinos, con el tráfico marítimo de la zona y con 90 puertos en el Pacifico y en Estados Unidos que están haciendo obras de ampliación en base a la capacidad de las nuevas esclusas. Aseguró que ACP tiene la obligación de tener un “plan B” en el que no descartó que pudiera participar el gigante estadounidense Bechtel.
Por otra parte, fuentes cercanas al Gobierno español han reconocido su preocupación por la frustración del proceso de negociación para el final de las obras en el Canal de Panamá y señalan que no cejarán hasta que se encuentre una solución al conflicto que no dañe la marca España.
En días pasados se detectaron diversos movimientos que indicaban existencia de una operación por la que el Ejecutivo español alentaba la implicación de Juan Miguel Villar Mir y del grupo OHL en la resolución del contencioso del Canal. Las mismas fuentes indican, no obstante, que “no entra dentro de la lógica” que el empresario arriesgue su solvencia para concluir las obras del Canal sin aprovechar para tomar una importante posición en el accionariado de Sacyr, ya que además está a tiro por la baja capitalización de la constructora que preside Manuel Manrique, poco más de 1.660 millones.
Pese a la delicada situación en la que le ha colocado la aventura panameña, Sacyr tiene importantes activos, tales como el 10% de Repsol o la inmobiliaria Testa, con jugosas propiedades como la torre de la Castellana, la sede de Endesa y otras muchas. La constructora cuenta también con un cuerpo técnico de ingenieros de Sacyr, que es uno de los más reputados del sector.
