El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, afirmó este miércoles que el "mismo" proceso de privatización de la sanidad madrileña que ha paralizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña”. Estas afirmaciones ignoran completamente las diferencias históricas entre los modelos que se han aplicado en una Comunidad Autónoma y otra.
Para la Consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, se trata de “una cortina de humo frente a una realidad clara: han tenido que dar marcha atrás a un proceso de privatización”, y añade que “decir que su proyecto es como el modelo Andaluz es algo absolutamente falso. Es una confusión que están creando premeditadamente”. Al describir el modelo de gestión andaluz Sánchez Rubio explica que “es un sistema absolutamente público, solamente existen algunos servicios externalizados y los conciertos suponen sólo el 3,6% del presupuesto. El resto es público, tanto nuestros 47 hospitales como los 1.500 centros de salud, con una plantilla de más de 100.000 profesionales".
Según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, publicadas en 2012 con datos de 2011, Andalucía con un 4,7% está entre la cuatro Comunidades Autónomas españolas que menos dinero de su presupuesto destina a conciertos con la asistencia privada. Cataluña (24,2%), Baleares (8,8%), Canarias (10,4%) y Madrid (8,4%) encabezan por su parte la lista de sistemas que más dependencia tienen de servicios prestados por la sanidad privada. Con respecto a la actividad, los conciertos solo asumen el 3,6% de las consultas especializadas y menos del 8% de los ingresos. Lo que quería la Comunidad de Madrid era otorgar como fórmula de gestión directa a la sanidad privada la atención de cerca de un 1,2 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población de toda la Comunidad.
Según indica María José Sánchez Rubio, ese porcentaje dedicado a conciertos está en detrimento: “Lo hemos ido rebajando desde 2012. En este momento se han prorrogado, algunos con más limitaciones, pero tampoco hay que alarmar a los trabajadores de empresas concesionarias. Hemos ido reduciendo de 4,7% al 3,6% en los últimos tres años. Se ha ido desarrollando con naturalidad para que no afecte al empleo”.
Modelos: Gestión directa, indirecta y privatización
La evidencia científica ya ha demostrado que la idea de que los servicios privados son más eficientes no es cierta. Una de las últimas revisiones sobre este tema publicadas en España esGestión Privada: ¿más eficiente?. Su autor, Sergio Minué, aclara que "se entiende como privatización el proceso de transferencia de la propiedad, o la función pública de una actividad, de la administración al sector privado”. En ese sentido, "lo que se ha intentado hacer en Madrid y lo que se está haciendo en Valencia y en otras Comunidades Autónomas, sí que puede entenderse como privatización pero no lo que ocurre en Andalucía".
Según explica Minué, docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, existen dos modelos claros en la administración de servicios de Salud, el de la gestión directa y el de la gestión indirecta. Mayoritariamente, en España, los Servicios de Salud se han basado en la primera fórmula: es el servicio público quien gestiona y ofrece la asistencia sanitaria; bien directamente (como es la mayoría de los hospitales andaluces públicos) o a través de una personalidad jurídica interpuesta creada ex profeso, que sería el modelo por el que nacieron las Empresas Públicas. Así el mapa sanitario andaluz está compuesto por 47 hospitales, de los que 14 están gestionados por 4 empresas públicas públicas (Hospital de Poniente, Hospital Costa del Sol, Hospital Alto Guadalquivir y la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir).
Por tanto la gestión de estos centros es puramente pública aunque la elección en su día de crear empresa pública estaba más inspirada en flexibilizar determinados aspectos, como la contratación laboral.
Por el contrario, el proceso planteado en Madrid se basa en un modelo indirecto cuyo objetivo era externalizar la gestión, otorgarla a manos de empresas privadas sometidas a cierta auditoría. Asimismo, inicialmente Valencia y posteriormente Castilla la Mancha o Madrid, han basado algunos de sus hospitales en la fórmula de PCI (siglas en inglés de iniciativa de financiación privada). Bajo esta fórmula, una empresa externa (normalmente una UTE constituida por una constructora, una entidad financiera y una aseguradora) construyen las infraestructuras necesarias para el hospital a cambio de ser pagados a través de un canon por servicios. Otra vuelta de tuerca en esta línea sería la concesión administrativa, el conocido como 'modelo Alzira'. El hospital es de titularidad pública, pero las empresas que integran la UTE se encargan de todo, incluídas las contrataciones de personal, y a cambio la Administración les paga una cantidad por paciente atendido.
Andalucía no tiene ningún modelo de gestión indirecta. Solo tiene externalización de servicios y algunos conciertos. “Pese a ello, ni siquiera la bibliografía y los estudios empíricos han logrado demostrar que externalizar un servicio, de análisis clínicos por ejemplo, sea más eficiente ni lo contrario. Generalmente la Administración opta por ese tipo de intervenciones por el sobrecoste que supondría financiarlo desde cero”, subraya el experto, que alude también a la "escasez de transparencia generalizada en los servicios de salud a la hora de publicar datos de actividad".
Impulsar negocios y puertas giratorias
Según Minué, otorgar a manos privadas la gestión de los centros públicos va más allá de la intención de externalizar o resolver demandas puntuales. Citando la obra de Oliver Letwin, Privatizing the World, el experto aclara que "el objetivo de ese proceso es hacer crecer las empresas que prestan servicios sanitarios en detrimiento de lo público". Este fenómeno viene basado en otras estrategias, como la disminución del rol de lo público, los recortes en materia de protección social y la disminución de ingresos a través de impuestos que acaba devaluando la imagen que tiene la ciudadanía de sus propios recursos. “Las empresas que estaban detrás del proceso impulsado en Madrid eran multinacionales del sector seguros y de servicios”, explica Sergio Minué. Ninguna de las empresas públicas andaluzas, como Costa del Sol o Aljarafe, tiene esos intereses detrás.
En su opinión, “detrás de lo que sucede en Madrid hay conflictos de intereses evidentes, que desembocan en las denominadas 'puertas giratorias' y añade que “buena parte de este proceso, no está respondiendo a las intereses de los ciudadanos ni de su partido si no al de entidades transnacionales, como ha ocurrido con los dos últimos consejeros de la Comunidad de Madrid”. En junio de 2013 un Juzgado de Madrid admitió a trámite una querella presentada contra el anterior Consejero de Salud de Madrid, Juan José Güemes y otras ocho personas, acusados de cometer irregularidades durante la privatización de la gestión sanitaria externalizada de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el Hospital de Torrejón. Del mismo modo, en octubre de 2013 Güemes fue imputado por delitos de cohecho y prevaricación junto con Manuel Lamela.
