Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, unidos frente a la LOMCE. Ese es el mensaje con el que acudirán esta tarde a la Conferencia Sectorial a la que acudirán todos los consejeros de Educación autonómicos para reunirse con el ministro José Ignacio Wert.
Pero antes de plantar cara conjuntamente a las autoridades del ministerio, los responsables de estas comunidades han explicado en rueda de prensa su posición, y han pedido públicamente que se "frene" la forma educativa aprobada el pasado año, ya que es "imposible" ponerla en marcha el próximo curso.
La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha destacado que las cinco comunidades representan el 52% del alumnado del Estado. "No hablamos por hablar, sentimos una responsabilidad a nuestras espaldas a la hora de defender nuestra crítica a la Lomce", ha subrayado.
La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, han enfatizado su "rechazo absoluto" a la norma y ha criticado que, tras aprobarse, "el Ministerio ha seguido trabajando con improvisación, precipitación e imposición y sin dotación presupuestaria que los cambios requieren, cambios imposibles de aplicar".
Uriarte ha entrado al detalle de los pasos que deben seguir las CCAA para justificar este rechazo a los tiempos que marca el ministerio. "Cuando estos decretos se aprueben, si se aprueban", ha comenzado, se inicia un proceso bastante largo que es el del desarrollo normativo, que "puede durar unos nueve meses", ya que se debe elaborar, analizar por órganos consultivos y asociaciones, debatir y finalmente aprobar. Con lo cual, ha calculado que es materialmente imposible que estén listos para el inicio de curso, en septiembre.
La LOMCE debe ya aplicarse el próximo curso en 1º, 3º y 5º de Primaria y las 14 titulaciones de la nueva FP Básica. Para el resto de Primaria y los cursos impares de Secundaria y Bachillerato, las modificaciones aterrizarán en 2015-2016, y en los cursos pares la reforma se aplicará en 2016-2017. "Nunca antes una ley había fijado un calendario de aplicación semejante. Se marcaban periodos de 5 o 10 años, pero en ningún país se puede pretender implantar una nueva ley al cabo de dos meses", ha enfatizado Rigau.
Todos los consejeros han criticado que la ley no tenga una memoria económica de implantación. "No sabemos de dónde va a salir el dinero", han repetido en varias ocasiones. "Hemos calculado que sólo para la aplicación de Primaria y FP Básica necesitaríamos en Andalucía 150 millones de euros al año", aseguró el consejero educativo andaluz, Luciano Alonso.
La pelea en el Constitucional y los libros
Alonso ha recordado la intención de su comunidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y ha comentado que, aunque no serán insumisos a la ley, adoptarán medidas propias en cuanto al currículo y, así, mantendrán la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no harán públicos los resultados de "las reválidas".
Además, aseguró que Andalucía no cumplirá con otra de las novedades que incorpora la LOMCE: el blindaje a los centros educativos que separan a los alumnos por sexo. La norma garantiza que estos colegios puedan suscribir conciertos con la administración pública. Esto anula la decisión del Tribunal Supremo que se había pronunciado en sentido contrario precisamente por un caso de Andalucía, al entender que esta separación encerraba un tipo de discriminación.
El cambio en los currículos es otro de los puntos que enfrentan a estas comunidades con el ministerio. Al menos tres de ellas han asegurado en la rueda de prensa que no cambiarán los libros de texto, una consecuencia de las modificaciones en los contenidos, que también han sido criticados por los responsables autonómicos.
"Los currículos que ha preparado el ministerio ocupan más de 1.000 páginas", ha detallado Irene Rigau, la consejera catalana, que los ha calificado de exageradamente exhaustivos. "Atacan la autonomía de los centros que le ley dice promover y disminuye las competencias de las comunidades autónomas", aseguró. Y para ejemplificar la diferencia con otros países del entorno mencionó el caso de Francia, un "estado centralizador" en el que el plan de estudios de Primaria ocupa unas 30 páginas. En el caso de los países anglosajones, con modelos mucho más descentralizados, el documento "no supera las 180 páginas", explicó.
Alonso aseguró que Andalucía continuará con su política de gratuidad de libros, pero aclaró que sólo financiará aquellos "con los contenidos aprobados por la comunidad autónoma".
