La privatización de seis hospitales en Madrid ha muerto. Pero la marea –blanca- que ha terminado por acabar con ese plan del PP de Madrid deja resaca: la Comunidad de Madrid se arriesga a tener que pagar indemnizaciones a las concesionarias a las que ya había adjudicado los contratos. Las empresas pueden reclamar daños y perjuicios que acarrea la extinción del proyecto.
Dos de las contratistas que habían firmado sus contratos con las que se ha puesto en contacto eldiario.es, Sanitas y Ribera Salud, se han mostrado cautelosas. La primera “no hace ningún comentario”. La segunda, tras pasar sus directivos la mañana del martes “reunidos decidiendo qué hacer”, según contaban a este medio, ha emitido un comunicado: “Respetamos la decisión judicial y la decisión política de la Comunidad de Madrid sobre el proceso de externalización sanitaria. Estamos a la espera de concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión”.
Los pliegos de condiciones con los que las empresas privadas guiaron sus pujas por los hospitales advierten de que cada contratista acude a sabiendas de que podría o no ganar dinero. Eso quiere decir que “la ejecución del contrato en todas sus fases se desarrollará a riesgo y ventura de la Entidad adjudicataria, que no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna por los daños y perjuicios que se le hubieran producido”. Pero, añade el documento, “salvo por causa de fuerza mayor o imputable a la Administración”.
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, trató de cerrar esa puerta desde el mismo momento de la suspensión de las privatizaciones: “Todas las partes tendrán que acatar el fallo judicial”, dijo el lunes 27 de enero tras anunciar que renunciaba a sus planes. Y luego, insistido sobre si las concesionarias pedirían una indemnización, se enrocó: “Los terceros tendrán que atenerse al fallo”. Lo que ocurre es que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazaba un recurso de la Comunidad sobre la medida cautelar de paralización provisional. No había entrado aún sobre el fondo del asunto. Los magistrados no habían declarado ilegal el plan. Fue el Ejecutivo de González el que tomó la determinación de dejarlo sin efecto “no podemos mantener la incertidumbre”, argumentó el presidente regional.
Economía admite que hay riesgo
Sin embargo, el consejero de Economía de la región, Enrique Ossorio, ha tenido que admitir que existe el riesgo de que las empresas reclamen y tengan derecho a percibir una compensación. Ossorio ha asegurado que las arcas públicas tienen liquidez para afrontar tal desembolso. “Hay que ver los procedimientos de contratación y cuál sería esa situación", ha dicho. El descalabro de las concesionarias es multimillonario. Ribera Salud, por ejemplo, pierde contratos -en teoría ya adjudicados- por valor de más de 2.000 millones. Sanitas debía ingresar más de 800 por gestionar el hospital de Coslada durante una década. El portavoz socialista de sanidad en Madrid, José Manuel Freire, ha comentado a eldiario.es que "de ninguna manera admitiremos que se gaste dinero público por la chapuza de los dirigentes de la Comunidad".
La Ley de Contratos del Sector Público acota lo que puede entenderse por “causa de fuerza mayor” (Los incendios provocados por la electricidad atmosférica, los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. Y los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público). Pero no hay tanta precisión con las causas imputables al Gobierno. Ahí estará la batalla.
