Pasadas las 17:30 del día 27 de enero de 2014, el presidente de Madrid, Ignacio González daba por finiquitado el proceso de privatización de seis hospitales. A su lado el cerebro del proyecto; el, en ese momento ya dimitido, consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. Un año y casi tres meses después, la oposición social, profesional y la acción judicial han tumbado el plan que tenía adjudicada la gestión médica de 1.149 camas hospitalarias, cuatro centros de especialidad, 92 municipios más dos distritos de la capital, 5.128 profesionales y… la sanidad de 1.151.588 personas a tres contratistas privados: Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo.
1. Una imposición de la crisis... pero sin datos
La Comunidad de Madrid presentó su estrategia de privatización como una necesidad impuesta por la crisis económica. Argumentaban González y Lasquetty que el ahorro de ceder los hospitales era capital para salvar el sistema sanitario público. Pero sin cifras en la mano.
El titular de Sanidad fue incapaz de concretar cuánto pensaba ganar para las arcas regionales: "Depende de varios factores, de en qué momento se produzca la licitación de la externalización, depende del coste de la cápita que presenten los licitadores, dependerá del número de profesionales que quieran continuar en esos hospitales. No le puedo decir en este momento", dijo entonces Lasquetty.
De los fantásticos 500 millones, se pasó rápidamente a 200 y a los nueve meses del primer anuncio el guarismo quedó en 169.
2. "La sanidad no se vende"
El anuncio de los planes privatizadores del Gobierno de Madrid generó de inmediato un movimiento profesional y social de oposición. "La sanidad pública no se vende, se defiende" fue el lema de una gran manifestación el 18 de noviembre de 2011. En aquella convocatoria, que resultó multitudinaria, algunos asistentes comentaban: "Es algo extrañísimo: he visto a los jefes de servicio de mi hospital en la manifestación". Miles de batas blancas atestaban el centro de Madrid en rechazo a los planes del Ejecutivo. Había nacido la Marea Blanca.
Las muestras de protesta públicas se han ido repitiendo mensualmente. Además, muchos profesionales escenificaron su oposición a la cesión a empresas de la dirección sanitaria de otras maneras. Una huelga sanitaria los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre de 2011 dejaba claro que la comunidad profesional veía con mucho recelo este cambio repentino de modelo. Abogaban por conseguir el ahorro mediante la racionalización de la gestión interna. Sanidad se reunió con sindicatos y comités profesionales –por separado- pero con pocos, o ningún, viso de llegar a un acuerdo. Los plazos para la privatización se cumplían al margen de reuniones, huelgas y manifestaciones.
3. La denuncia
Pero un nuevo frente se unió al muro que se iba levantando contra Lasquetty y González. La asociación de facultativos AFEM encargó un informe legal que se hizo público en marzo de 2013 que entendía que el plan era "inconstitucional". El documento hablaba de "apartheid sanitario" entre los pacientes atendidos por hospitales dirigidos directamente por la consejería y los privatizados. Fue un primer paso en el campo legal. Luego llegó el recurso contencioso-administrativo que ha bloqueado el asunto en los tribunales.
AFEM interpuso el recurso. Sus abogados entendían que no estaba haciendo una "externalización" sino un aseguramiento privado a cuenta de las arcas públicas. Como si contratara un seguro médico. También creían que los pliegos estaban plagados de irregularidades, como el cambio de cuantía de fianzas. AFEM anunció desde el principio que pediría la medida cautelar de suspensión por "los daños irreparables" que pudiera generar. También presentaron recursos similares la Asociación de Médicos AMYTS y el PSM. Al final ese ha sido el punto clave. En septiembre de 2013 se confirmaba el éxito –provisional– del recurso. Y con las empresas ya elegidas y a punto de tomar las riendas de los hospitales, todo se paró.
4. El lío judicial
Sólo un movimiento interno y atípico por parte del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM abrió una esperanza a la Comunidad de Madrid. Gerardo Martínez Tristán, esposo de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha (PP), agrupó los recursos pendientes para que los decidiera una supersala de 50 magistrados. Los jueces que habían decretado la suspensión de la privatización se quedaban en fuera de juego. Pero finalmente Martínez Tristán no estaría para dirigir ese pleno. Nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, saltó del cargo regional. La supersala devolvió cada recurso a su tribunal.
5. La decisión
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho al anunciar el fin del proceso que "acata" las decisiones judiciales. Pero los jueces no han dirimido si su plan era legal o no. Sólo han entendido que mientras lo decidían, no se siguiera adelante con él. El dirigente popular ha optado por no esperar más y, unilateralmente, lo ha anulado. "La incertidumbre es insoportable", ha asegurado.
Quizá la incertidumbre política que genera en el PP de Madrid la perspectiva de un proceso judicial que se alargue en el tiempo y se convierta en el principal tema de polémica de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. "No es una derrota. Simplemente hay un debate", ha intentado matizar González al explicar su decisión. De modo que no son los tribunales sino el debate. Un debate hecho posible por la movilización popular.
