El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que cancela el proceso de privatización de hospitales que ha provocado el rechazo social y que ha sido frenado en los tribunales. Además, ha explicado que hoy mismo ha aceptado la renuncia de su máximo responsable, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.
Cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían rechazado esta misma mañana el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen suspendida la privatización de seis hospitales. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) había solicitado que se retirara esa medida cautelar impuesta por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM pero los jueces no han atendido a sus peticiones.
Los hospitales seguirán gestionados sanitariamente por la Consejería de Sanidad y no por los contratistas a los que ésta había adjudicado su dirección médica.
"El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalizacion de la gestión de hospitales a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales", ha comenzado González. "Como siempre hemos dicho, acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo, como en este caso
"No parece razonable", aseguró el presidente madrileño, que la adopción de una medida cautelar lleve siete meses "generando una situación de incertidumbre y de falta de seguridad". También ha defendido el modelo privatizador. "Este es un modelo de gestión legal y posible, está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas". Y ha ido más allá: "En Madrid tenemos cuatro hospitales que siguen siendo públicos y garantizando una atención gratuita y de la máxima calidad" aunque no están gestionados directamente por la Consejería de Sanidad.
Aunque ha asegurado que la externalización "nos permite hacer sostenible" el sistema sanitario, no ha explicado claramente cómo afectará esta decisión a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Sólo ha adelantado que tendrán que "tomar más decisiones tendientes al ahorro". Y quiso dejar claro que el de la sostenibilidad era el "unico objetivo con el que pusimos en marcha estas y otras medidas".
Lasquetty, el gran perdedor
"Ha sido un consejero estupendo". Las palabras de Ignacio González sonaron a sentencia. Un breve resumen de las capacidades y logros de Javier Fernández Lasquetty acompañó al anuncio de la dimisión del polémico consejero de Sanidad madrileño.
"Yo fui quien propuso este proyecto y las circunstancias lo han hecho imposible, es bueno asumir la responsabilidad de no haberlo logrado", ha asegurado Lasquetty. Sobre todo un proyecto "que ha generado un grado alto de debate", abundó. Por eso, resumió, "dimito por rectitud y sentido de la responsabilidad"
En cuanto a las concesionarias, el presidente aseguró que no está previsto que se les ofrezca ningún tipo de indemnización. "Una suspensión es eso, una suspensión. Todos tenemos que acatar las decisiones judiciales".
El reemplazo de Lasquetty es Javier Rodríguez Rodríguez, doctor en Medicina y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense, que ha hecho buena parte de su carrera en el hospital Gregorio Marañon. Lasquetty, por su parte, continuará como diputado en la Asamblea de Madrid.
El futuro político de Ignacio González protagonizó varias de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada de urgencia por el presidente autonómico. González atajó las insinuaciones sobre las posibles consecuencias que esta decisión podría comportarle en lo personal. "Esto no es un fracaso" aseguró, tajante. "Simplemente se ha abierto un debate". Además, se encargó de destacar que este varapalo judicial no afecta su proyecto político. "Mi proyecto es salvaguardar nuestro magnífico sistema sanitario", zanjó. Y ante la posibilidad de llevar nuevamente este proyecto a las próximas elecciones, no quiso pronunciarse. "No, no es el momento"
La batalla legal
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición en los juzgados. 50 diputados regionales del Partido Socialista de Madrid presentaron un recurso similar al de los médicos, pero los jueces entendieron que no estaban "legitimados". Esa medida también está recurrida. También medio centenar de senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que permitía abrir el proceso administrativo de privatización. El TC lo admitió a trámite el 23 de abril de 2013, pero esto no conllevaba medidas cautelares porque sólo surten efecto inmediato cuando el que presenta el recurso es el Gobierno central (como en el caso del euro por receta, cuya reclamación por parte de Mariano Rajoy paralizó la tasa en Madrid y Cataluña).
Estas causas fueron derivadas a la supersala para que las resolvieran en conjunto 50 jueces del Tribunal Superior de Justicia, pero una vez reunidos decidieron devolver las causas a las respectivas salas a las que habían sido asignadas.
Además de esta batalla en el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid tiene abierta una causa por la querella presentada por la AFEM contra un proceso anterior de privatización de centros sanitarios similar al actual (aunque de menor escala) y por el que están imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño.
