Cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen suspendida la privatización de seis hospitales. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) había solicitado que se retirara esa medida cautelar impuesta por la sección tercera de los Contencioso-Administrativo del TSJM pero los jueces no han atendido a sus peticiones. Los hospitales seguirán gestionados sanitariamente por la Consejería de Sanidad y no por los contratistas a los que ésta había adjudicado su dirección médica.
Es la primera decisión judicial después de que la supersala de jueces decidiera el 9 de enero que cada tribunal decidiese sobre los recursos que afectaban al proceso de adjudicación a contratistas. El Pleno de casi 50 magistrados devolvió los casos a sus organismos de partida y es esta sección la que primero ha tomado una decisión en contra de los deseos del Gobierno de Madrid.Según los magistrados plasman en su auto: "La adopción de medidas cautelares no producirá perjuicios graves del interés general”.
La sala en su texto va desmontando todas las peticiones del letrado de la Comunidad de Madrid y, además, han asimilado la misma decisió para otros dos procesos similiares interpuestos por la Asociación de Medicos y Titulados Superiores (AMYTS). Esta organización también solicitaban paralizar el proceso así que esta sección judicial ha dictado tres suspensiones sobre los planes privatizadores. La orden de 30 de abril de 2013 que sacaba a gestión privada estos seis hospitales es la que se impugna y de ella parten el resto de acciones que no puede surgir efecto: los pliegos de condiciones, la modificación de los pliegos para rebajar la fianza, las adjudicaciones que la Consejería de Sanidad hizo a los contratistas... todo. Ahora sí que no habrá entrada de empresas hasta que se dicte una sentencia.
Estrategia de estrangulación económica desbaratada
A este recurso de la Comunidad de Madrid, se unió, según consta en el auto, la concesionaria Vallecas Salud S.A. y Sureste Salud S.A. Ambas son uniones de empresas lideradas por Ribera Salud para gestionar los hospitales Infanta Leonor y Sureste y adjudicatarias del servicio. Tanto las concesionarias como la propia Comunidad trataron de asfixiar económicamente la suspensión cautelar pidiendo una garantía millonaria a la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) fuera de cualquier alcance. El letrado del Ejecutivo regional pidió a los magistrados que los recurrentes pusieran una fianza para responder a 65.207.185 que es “el desembolso adicional que se calcula que debe ser soportado por las arcas madrileñas en caso de acordarse la suspensión”. Calculaban que cada mes "los evidentes perjuicios económicos" ascendían a 10,8 millones los seis primeros meses y 14 millones a partir del séptimo mes. De igual forma, las contratistas solicitaron que en caso de suspensión, la recurrente, es decir, AFEM pusiera una garantía de 1,4 millones de euros. El tribunal dictamina que esa petición está fuera de lugar: "La exigencia de una fianza millonaria como condición para suspender la ejecutividad de las Resoluciones administrativas impugnadas, de difícil constitución, haría imposible la adopción de la medida cautelar". Que es tanto como decir que si se pide tal garantía económica a la AFEM es como no aceptar el parón provisional. Sin fianza, la entrada de empresas privadas en los hositales, no está en un horizonte cercano.
