A principios de los noventa, Burgos se movilizó. No contra el modelo de desarrollo aplicado por sus políticos, sino contra la sentencia de 1992 que mandaba a la cárcel a su alcalde, José María Peña, y al jefe de la ciudad, Antonio Miguel Méndez Pozo. El mismo que, dos décadas después, está detrás del bulevar en Gamonal que ha puesto al alcalde Lacalle contra las cuerdas.
