El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha informado este sábado a las partes de que la declaración como imputada el 8 de febrero de la infanta Cristina solo se grabará en audio, y no en vídeo, a petición de su defensa.
Según han informado fuentes judiciales, Castro ha hecho este anuncio al inicio de la declaración como testigo de una funcionaria de la Agencia Tributaria que participó en la investigación de la actividad económica de la infanta a través de Aizoon, la empresa que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin.
Antes de que comenzase el interrogatorio, el abogado de la duquesa de Palma, Jesús María Silva, ha solicitado al juez que se evite el registro de imágenes de su cliente cuando preste declaración, algo a lo que se han opuesto los representantes legales de la acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, y de Diego Torres, exsocio de Urdangarin.
No obstante, el juez ha adelantado que atenderá la petición de la defensa de doña Cristina y ordenará que su declaración solo se recoja en soporte de audio.
Castro ha tomado esta determinación a pesar de que ya había iniciado los trámites para que la declaración de la hija menor del Rey se grabara en vídeo, como se hizo en la segunda ocasión en que Urdangarin compareció ante su juzgado, en febrero de 2013.
La declaración de Urdangarin solo fue transcrita
Un año antes, la primera declaración como imputado de Urdangarin no se recogió en soporte audiovisual y fue transcrita por funcionarios judiciales, con lo que la posterior relectura por parte del declarante y su defensa prolongó aún más una sesión que se alargó 25 horas.
Al rechazar la grabación de imágenes, la defensa de la infanta intenta evitar una filtración que podría perjudicarla, pero sí acepta que se registre el sonido para que se recojan exactamente sus palabras ante el juez.
Anteriores grabaciones de las declaraciones de otros imputados por Nóos están bajo la custodia del juzgado de instrucción número 3 de Palma, del que es titular José Castro, y han sido transcritas días después para poder facilitar su contenido a las partes personadas.
Cuando alguno de los imputados ha pedido tener acceso directo a la grabación audiovisual, el juez le ha permitido hacerlo solo en sede judicial, puesto que no se ha hecho copia de ninguno de los vídeos.