¿Cuántos dormitorios tiene el ático del alcalde de Burgos, Javier Lacalle? Desde el Ayuntamiento, nadie da una respuesta oficial. Pero el concejal de Fiestas y Nuevas Tecnologías de Burgos, José Antonio Antón Quirce, confirmó ayer, a través de su cuenta de Twitter, que el polémico ático no coincide con lo que aparece escriturado en el Registro de la Propiedad. Según el concejal, que también es amigo personal de Lacalle, la vivienda del alcalde tiene “tres habitaciones, salón, cocina y dos baños”. “Yo he estado en ese piso. Doy fe”, asegura en otro mensaje.
El detalle es relevante porque el ático aparece escriturado con sólo dos dormitorios, tal y como publicó el lunes eldiario.es. Según el Registro de la Propiedad, se supone que sólo tiene 76 metros cuadrados útiles habitables –apenas cinco metros cuadrados más que su vivienda anterior– de un total de 167 metros cuadrados construidos: 84,13 de vivienda y 83,46 de terraza. La descripción literal que aparece en el registro número 4 de Burgos es ésta:
Que los datos que aparecen en el registro no coincidan con la realidad es un detalle importante porque se trata de un documento público que afecta, entre otras cosas, al Impuesto de Bienes Inmuebles que paga el alcalde. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Burgos ha pedido a Javier Lacalle que dé explicaciones, y que aclaré también cómo pagó la vivienda y quién se la vendió. Por ahora, no hay respuesta oficial.
Según fuentes del propio Ayuntamiento, esta anomalía en el Registro de la Propiedad de la vivienda del alcalde sólo puede deberse a tres causas. Puede tratarse de un error en el registro, como sucedió con el DNI de la infanta, algo extremadamente inusual. Puede también que la vivienda haya sido reformada tras ser construida, ganando metros al cubrir la terraza. Y hay también una tercera opción: que los constructores que escrituraron por primera vez la casa donde vive el alcalde –los mismos que lograron la adjudicación de los contratos del polémico bulevar de Gamonal– declarasen en la escritura menos metros habitables de los que realmente tiene la vivienda.
Una práctica que ya utilizó Méndez Pozo
Entre los promotores de la obra está el condenado por corrupción Antonio Miguel Méndez Pozo que, en los años 80 y 90, ya cometió este tipo de irregularidad urbanística en otros edificios de la ciudad, tal y como figura en la sentencia del llamado caso de la construcción de Burgos. Uno de los motivos que llevó a Méndez Pozo hasta el juzgado es que sus empresas levantaban bloques de viviendas con más edificabilidad de la que permitía el plan general de urbanismo de Burgos. Esta práctica contaba con la complicidad del Ayuntamiento, que también entonces gobernaba el PP, y cuyos principales responsables fueron igualmente condenados.
El Residencial San Agustín, donde vive el alcalde, se construyó sobre los antiguos terrenos del Hospital Provincial, que vendió la Diputación de Burgos, presidida por el PP. La recalificación del terreno la aprobó también el PP, igual que la licencia de obras, que se concedió en abril de 1999, cuando Javier Lacalle era concejal del equipo de Gobierno municipal. La licencia de primera ocupación la gestionó el PSOE en agosto de 2002 –entre 1999 y 2003, Burgos tuvo un alcalde socialista, Ángel Olivares–.
En total, el Residencial San Agustín cuenta con 447 viviendas construidas en dos fases, además de los bajos comerciales, los trasteros y los garajes. Había tres categorías: planta primera, planta tipo de la 2ª a la 8ª planta y planta ático (la 9ª y 10ª planta). Los pisos más grandes estaban precisamente entre los áticos, como el que hoy habita el alcalde, con un máximo de 168,3 metros construidos. Los precios estuvieron entre los más caros entre los edificios de nueva construcción del centro de la ciudad. Un piso de tres habitaciones entre la segunda y la octava planta del Residencial San Agustín con trastero y plaza de garaje costaba en obra unos 330.000 euros.
La segunda fase del residencial donde vive el alcalde terminó de construirse en el año 2004, según la información catastral. En aquel momento, Javier Lacalle era teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo. Y la concejal responsable de visar las licencias urbanísticas y supervisar que los edificios no fuesen mayores de lo que permitía el PGOU era Cristina Ayala. Hoy es diputada autonómica por Burgos en las cortes de Castilla y León, en Valladolid, aunque reside en Madrid. Es la misma parlamentaria que ayer calificó de "pura mierda" la información de eldiario.es sobre el ático del alcalde de su ciudad.
