La edad real de jubilación en España aumentó en 2013 hasta los 64,3 años, frente a los 63,9 de media de 2012, debido al incremento del 10,4 % en el número de trabajadores que se jubilan a los 65 años, ha dicho hoy la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Durante su intervención en la presentación de un estudio sobre el sistema de pensiones, la ministra ha explicado que, desde la entrada en vigor de las medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo hace nueve meses, las jubilaciones anticipadas han disminuido el 6,5 %.
Con dicha normativa, el Gobierno ha querido acabar con la jubilación anticipada, que representaba la mitad de las jubilaciones, porque generaba "un problema financiero para el sistema" y dejaba fuera del mercado laboral a los trabajadores "con mayor experiencia".
En este sentido, el Gobierno ha hecho posible combinar salario y pensión, de manera que 9.094 personas han compatibilizado el ejercicio de su profesión con el cobro de una pensión de jubilación desde la puesta en marcha de esta iniciativa y, de estos trabajadores, el 83 % son autónomos.
La ministra ha explicado que ésta es una de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mejorar los ingresos y disminuir los gastos del sistema de pensiones, lo que ha denominado como "el corazón de nuestro modelo de bienestar".
En este sentido, ha asegurado que "España ha apostado por un modelo público, articulado en torno al Pacto de Toledo, que hay que preservar" y asegurar su eficiencia, si bien hay opciones "en el marco privado a las que pueden recurrir empresas y trabajadores".
La ministra ha explicado que, en la toma de decisiones, los trabajadores necesitan saber cuál será su futura pensión, una información que el Gobierno enviará este año a los mayores de 50 y, al resto de la población activa, en los próximos tres años.
No obstante, ha añadido que los modelos de protección "no son cerrados ni estáticos" y que "se ven influidos" por el entorno en el que se manifiestan, como el modelo económico, los cambios sociales o el envejecimiento de la población.
El desafío que supone el cambio demográfico, que tornará a una forma de pirámide invertida, es "importante" para el diseño de la política económica española y europea para la próxima década, por lo que, según Báñez, el sistema requiere de medidas estructurales.
El informe presentado hoy alude a la necesidad de poner en marcha un sistema de pensiones mixto, en el que se combine la contribución pública y la privada, con doble renta, algo que "puede requerir de recursos que no tenemos en estos momentos", pero que es "necesario" iniciar "cuanto antes".
Así lo ha manifestado el presidente de la Fundación de Estudios Financieros, Juan Carlos Ureta, quien ha asegurado que la combinación de los sistemas de reparto y de capitalización "son la estrategia más adecuada para promover el bienestar y el crecimiento económico sostenido".
Por su parte, el director del estudio, Jose Antonio Herce, ha explicado que cuando se aprobó el sistema de pensiones hace un siglo, un tercio de la población vivía a los 65 años, fecha a partir de la que se consideró una esperanza de vida de diez años, mientras que hoy el 36,5 % de las personas vive a los 89 años.
