Los informes policiales elaborados por la Comisaría Provincial de la Policía de Burgos sobre las protestas de Gamonal echan por tierra la versión inicial del Ministerio del Interior sobre la presencia de grupos de "violentos itinerantes" procedentes de Madrid y otras ciudades.
Según publica este lunes el diario El País, la Policía afirma que no se han encontrado radicales llegados de fuera de Burgos y puntualiza que si entre los arrestados había "algunas personas no originarias del barrio" (dos ciudadanos marroquíes, dos colombianos y un ecuatoriano), se debe a la "propia extracción" de Gamonal, con una fuerte presencia de ciudadanos de otros países, que tienen "implicación personal" en la vida del barrio.
El informe, elaborado el pasado 17 de enero, descarta además que lo ocurrido se trate de un "ensayo revolucionario para exportarlo al resto del territorio nacional". Los funcionarios explican que la extensión de las protestas a otras ciudades se debe a la "presencia de la Asamblea Gamonal 15M en las movilizaciones, que ha buscado apoyo a través de su propia estructura".
La Policía señala también que los representantes vecinales intentaron en todo momento evitar altercados, que, siempre según el informe, fueron provocados por "integrantes del colectivo anarquista burgalés" y de elementos de Resaca Castellana.
Interior utilizó los incidentes para justificar la ley de seguridad ciudadana
El pasado lunes, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguraba que en estas protestas se "parapetan" algunos "grupos violentos, algunos bien conocidos", y "tremendamente violentos" que han participado en manifestaciones en Madrid y también en Castilla y León.
"Los 40 detenidos pertenecen a grupos de violencia antisistema, extrema, que ya habíamos visto en otros lugares; son clásicos en los incidentes de seguridad ciudadana que hemos visto en Madrid en las manifestaciones ante el Congreso y en otras", llegó a señalar Martínez en una entrevista.
La realidad no tardó en desmentir a Martínez. El mismo lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconocía que la práctica totalidad de los detenidos tenían domicilio acreditado en Burgos y no contaban con antecedentes policiales.
