“En relación con la salud, nuestro código postal puede tener más importancia que nuestro código genético”. James Marks. Vice-President Robert Wood Johnson Foundation.
La salud y la enfermedad históricamente han parecido un asunto de cuya gestión se encargaban principalmente (si no en exclusiva) los trabajadores sanitarios, pero la realidad está muy alejada de esa visión “sanitariocentrista”. Como dijo Rudolf Virchow, médico alemán del siglo XIX, “La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que medicina a gran escala”. Esa frase es la elegida por D. Stuckler y S. Basu para comenzar su libro Por qué la austeridad mata: el coste humano de las políticas de recorte.
Hasta ahora existía abundante literatura científica acerca de los efectos de las crisis económicas sobre la salud de las poblaciones; la mayoría de los estudios afirmaban que las crisis por si mismas no suponen un factor de incremento de la mortalidad global o de ciertos grupos de enfermedades concretos (enfermedades infecciosas y del ámbito de la salud mental, especialmente), sino que sería la forma de afrontar estas crisis la culpable de que ese empeoramiento en la salud de la población tuviera lugar. El libro de Stuckler y Basu sirve para profundizar en el estudio de la relación entre cómo afrontar las crisis económicas y sus efectos en salud pública, y lo hace con un lenguaje fácilmente comprensible y sin sacrificar el rigor científico a cambio de una mejor comprensión.
Los autores del libro afirman que la crisis económica que estamos atravesando en los últimos años, y la forma en la que los diferentes gobiernos han ido haciendo frente a ella, suponen en la práctica la realización de un ensayo clínico, de modo que podríamos afirmar que, en este momento, somos sujetos de experimentación de un medicamento llamado “austeridad”. Es importante resaltar que no son sólo los recortes sobre el sistema sanitario los que suponen un daño potencial para la salud de la población, sino que todas las políticas que redundan en un incremento del desempleo y la desprotección social (especialmente de los más desfavorecidos) tienen un efecto directo en el empeoramiento del estado de salud.
Este medicamento (la austeridad) no solo no habría demostrado efectividad en experimentos anteriores (la Gran Depresión en EEUU, la crisis asiática de los años 90 o, más recientemente, el devenir de la economía y sociedad griegas), sino que además habría demostrado tener consecuencias notablemente negativas sobre la salud de las poblaciones a las que se les administra. Continuando con el símil farmacológico, podríamos señalar que a un tratamiento se le exigen tres cualidades para recomendar su uso: que sea efectivo, que sea seguro y que su coste se vea compensado por los beneficios que reporta. En el caso de las medidas de austeridad aplicadas a servicios básicos no se ha demostrado que sean efectivas (ni desde el punto de vista económico –reducción del déficit o incremento del PIB- ni en variables más orientadas a la población –mejora de calidad de vida, disminución del desempleo,…-) y han demostrado ser poco seguras (empeoramiento de la salud general con especial afectación de la salud mental, incremento en el número de suicidios, aumento de las desigualdades sociales en salud, dificultad de las clases más desfavorecidas en el acceso al sistema sanitario,...).
En repetidas ocasiones se dice que “no es economía, es ideología”; ideología sin una base empírica que sustente la aplicación y extensión de estas medidas. El posicionamiento de expansión del gasto público también supone una visión ideológica, que coloca la equidad y el papel de redistribución de los servicios públicos en el centro de los objetivos que han de lograrse con dicho gasto; lo que ocurre es que esta posición de fortalecimiento de los servicios públicos, en épocas de crisis, ha demostrado no sólo ser efectiva en términos de conservación y mejora de la salud pública sino, además, hacer que esa mejora poblacional pueda redundar de forma positiva en otros indicadores económicos más allá de la salud. En nuestro país, el ejemplo más claro de los efectos en salud que tienen las medidas de austeridad y de deterioro de los servicios públicos podemos observarlo en la destrucción de la universalidad del sistema sanitario y la negación del derecho a la asistencia sanitaria normalizada a diferentes colectivos, medida tomada en nombre del ahorro económico sin existir evidencia empírica que avale ese ahorro, además de suponer un riesgo para la salud individual y colectiva.
Es necesario seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e incorporar la salud a todas las políticas, tanto en el momento de su diseño como en su evaluación. Los efectos de la austeridad sobre la salud parecen claros, los efectos sobre la economía van aclarándose también… ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo la aplicación de medidas que hacen enfermar nuestra salud (económica y biopsicosocial –tanto individual como colectiva-)?
