Una amplia mayoría de los españoles considera que los servicios sociales y sanitarios que se brinda a las personas con discapacidad son insuficientes. Los datos del CIS revelan que más del 80% de los ciudadanos considera que no son suficientes (de ellos, el 25,6% los califica como totalmente insuficientes). Los encuestados también rechazan las prestaciones económicas o fiscales que las Administraciones conceden a las personas con discapacidad: solo el 5,9% ha respondido que son "más bien suficientes".
La encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de diciembre incluye un apartado específico sobre la discapacidad. La mayoría de los ciudadanos considera que las condiciones de asistencia y apoyo a este colectivo no ha mejorado en los últimos diez años. En este tiempo se aprobó la ley de Dependencia, que a ojos de los españoles no ha sido suficiente. El 39,6% opina que la asistencia ha mejorado poco y el 26,2%, que no ha mejorado nada, mientras que el 20,4% piensa que lo ha hecho bastante. Solo el 3,5% escoge la opción "ha mejorado mucho".
Además, la mayoría de los ciudadanos destaca la existencia de barreras a la accesibilidad y el 95% piensa que debería destinarse más dinero a suprimirlas. El 54% de los encuestados consideran que los bordillos o rampas para facilitar el paso de las sillas de ruedas están mal preparados. La cifra aumenta en el caso de las aceras: el 67% considera que los socavones u obstáculos también impiden la movilidad. Para el 64,7% de los ciudadanos los semáforos están mal preparados para las personas invidentes o que tienen dificultades para caminar. Igualmente, suspende el acceso al transporte público: el 76% lo encuentra difícil para las personas con problemas de movilidad.
Los ciudadanos consideran que son las instituciones públicas -a través del Estado, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos- las principales responsables de la integración y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Solo el 4,8% atribuye esta función a las ONG. Sin embargo, este dato contrasta con la realidad, ya que el 29,5% de los encuestados piensa que son finalmente ONG o asociaciones las que se encargan de la integración.
A pesar de que el 49,3% de los encuestados considera que los "cuidados especiales" que pueda requerir este colectivo deben recaer sobre los servicios sanitarios y sociales, el 40% lo atribuye espontáneamente tanto a las familias como a estos departamentos públicos. El 8,4% piensa que solo los familiares son responsables de la asistencia.
