La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado una nueva campaña para fomentar mociones municipales por parte de los ayuntamientos españoles para recuperar las viviendas vacías que ahora están en manos de los bancos. Según los últimos datos del poder judicial, en España hay actualmente 3,5 millones de viviendas vacías, de las cuales se calcula que 800.000 son propiedad de entidades financieras, describiendo una situación "patológica que ninguna sociedad se puede permitir", según la portavoz Ada Colau.
"La moción municipal que presentamos hoy pretende luchar contra las ejecuciones hipotecarias y contra los desahucios por impago de alquiler", ha señalado Colau, que presentará el modelo de moción hoy mismo ante todos los grupos parlamentarios. El modelo de moción municipal pretende recuperar por la vía legal aquellos pisos que se encuentran desocupados "de manera no justificada", propiedad de entidades bancarias, para ponerlos al servicio de la ciudadanía.
La plataforma también pide a la Generalitat que actúe según sus competencias como comunidad autónoma y que actualice la ley de la vivienda catalana, redactada en el 2007, para que ésta haga frente a la situación de "emergencia habitacional" que vive Cataluña.
"Instamos concretamente a la Generalitat por una situación de urgencia", ha aclarado Ada Colau, que ha añadido que aunque se trata de un tema relevante hace tiempo que ha quedado "arrinconado" del debate político porque significa "confrontarse con las entidades financieras". La portavoz de la PAH ha recalcado que se debe "afrontar la raíz del problema", y esto quiere decir sancionar a los bancos que "han robado estos pisos con hipotecas abusivas para después comercializarlos con engaño y mentira".
"No tiene ningún sentido que se les den todos los beneficios a los culpables y que después no se les exija la mínima contrapartida social", ha subrayado Ada Colau en referencia a los bancos que han sido rescatados con dinero público.
Colau ha querido recordar que aunque los datos ofrecidos por el poder judicial "son insuficientes", señalan que en España ha habido casi 60.000 ejecuciones inmobiliarias durante los tres primeros trimestres del 2013, 12.000 de las cuales han ocurrido en Cataluña, "datos que confirman, al menos, 45 desahucios al día durante nueve meses", ha denunciado la portavoz de la PAH. "La alarma social ha conseguido movilizar a la ciudadanía, que a través de la desobediencia civil ha obtenido muchos logros, pero estos datos demuestran que el desastre se sigue produciendo", ha explicado Ada Colau.
La portavoz de la entidad ha señalado que gracias a la actuación de plataformas como la PAH o Stop Desahucios en el 2013 se ha conseguido parar 1.000 desahucios en toda España, recuperar 15 edificios vacíos que estaban en manos de entidades financieras y realojar a 800 personas "por vías judiciales e institucionales".
Terrassa, pionera en las sanciones a bancos
Por su parte, el portavoz de la PAH Terrassa, Xavi Martínez, ha aclarado que los ayuntamientos deben intervenir "aprovechando la ley de la vivienda catalana, que permite sancionar a los bancos que acumulan pisos vacíos de manera injustificable". Es lo que ha sucedido recientemente en Terrassa (Barcelona), cuyo consistorio ha sido el primero en firmar tres multas contra entidades financieras, incitándoles a dar salida a los inmuebles vacíos. La multa es de 5.000 euros de entrada, y si la entidad no encuentra un inquilino puede multiplicarse hasta 500.000 euros. Según el Ayuntamiento, a menudo las entidades alegan que los pisos están en venta y sin comprador, pero entonces el consistorio responde que pueden cederlos a la bolsa de vivienda social del municipio. Además de tres las multas, en Terrassa ya han abierto más de 700 expedientes.
"Es imposible que de buena fe y sin presión social y ciudadana los bancos cedan sus pisos vacíos a la población", ha recalcado Xavi Martínez, que ha añadido: "Es por eso por lo que hace falta que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se posicionen y decidan si gobiernan para la gente y en pro sus necesidades o si, por lo contrario, son cómplices del Gobierno central".
El objetivo de esta campaña es que los ayuntamientos adopten un procedimiento legal cuando ya se han intentado todos los mecanismos "amables y amistosos" para ceder las viviendas vacías a la población.
