El secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Carlos Arce Gómez, tendrá que declarar a comienzos de febrero como imputado por prevaricación en un juzgado de Valencia. El Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad ha admitido a trámite una querella criminal que le acusa como responsable último del organismo de un delito de prevaricación de funcionario público por una resolución errónea que emitió el Fogasa en 2013 en la que denegaba la indemnización a diez trabajadores de una pequeña empresa.
Los querellantes eran empleados de una pyme que les despidió por causas económicas. Parte de su indemnización tenía que ser sufragada por el Fogasa. Sin embargo, tras presentar la solicitud, el organismo les denegó el pago porque aseguraba que este ya había tenido lugar con anterioridad. "Dicha resolución es aberrante y está dictada con clarísima y plena mala fe, y con el único objetivo de retrasar y dilatar los derechos de los trabajadores. Nunca se ha abonado a los trabajadores de esta empresa ninguna cantidad en concepto de prestaciones por parte del Fogasa. De hecho, ni siquiera se indica en qué expediente se ha efectuado el pago", dice la querella.
Fue entonces cuando el abogado Ricardo Cano presentó en nombre de los trabajadores una denuncia en los juzgados de lo social y también una querella penal contra el secretario general del Fogasa "o cualquier funcionario que pudiera ser responsable de delito". Una vez el Fogasa tuvo notificación de la querella, revisó el caso y pagó a los trabajadores. No obstante, Cano mantiene la denuncia: "El delito existe, aunque luego se repare en parte el error", asegura. También sigue adelante el juicio laboral, ya que los trabajadores aseguran que el Fogasa no les abonó toda la cantidad de la indemnización que les debía.
El Ministerio de Empleo reconoce el error, pero subraya que Juan Carlos Arce está imputado por ser el máximo dirigente del Fogasa y no por una decisión personal que motivara el caso. "En cuanto se tuvo conocimiento de la querella se revisó el expediente y se subsanó el error", afirman. Un portavoz explica que se produjo una duplicidad de expedientes, pero que los trabajadores hubieran acabado cobrando. En cuanto a las cantidades abonadas, Empleo asegura que se pagaron en función de los cálculos hechos por la unidad que el organismo tiene en Valencia.
En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el magistrado Francisco Silla requiere al Fogasa que presente el expediente administrativo íntegro y cita a declarar a Juan Carlos Arce "con objeto de recibir declaración en calidad de imputado".
El abogado Ricardo Cano ha puesto en marcha la Asociación por la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles, que en un mes ha interpuesto cerca de quince denuncias contra el Fogasa por incumplir el plazo de tres meses para resolver los expedientes y vulnerar el silencio administrativo, según el cual todo caso que no obtenga respuesta en el periodo fijado será considerado aceptado. Cano denuncia también la pérdida de calidad del servicio y la privatización de la bolsa de expedientes atrasados a la empresa Tragsatec, filial de Tragsa.
