El tiempo corre en contra de los inquilinos de viviendas sociales en Madrid. El 8 de agosto pasado, la Comunidad de Madrid vendió al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora 2.939 viviendas protegidas por 201 millones de euros. Dinero contante y sonante para cuadrar las cuentas autonómicas.
Se deshacía así de 32 promociones del Instituto de la Vivienda (IVIMA) que pertenecían al Plan de Vivienda Joven en alquiler (la mayoría con opción a compra). Pero, al vender las casas, también se desprendió de sus habitantes, que ahora lidian con la empresa Encasa Cibeles, una sociedad que gestiona los pisos en busca de beneficios.
Y el primer conflicto está ya sobre la mesa. Los contratos de alquiler de las primeras promociones que el fondo de inversión asumió llegan a su fin y, si los inquilinos no pueden afrontar una compra, la empresa será libre para vender las casas a precio de mercado.
De la noche a la mañana y en plenas vacaciones, 3.000 familias vieron trasmutadas las características sociales de su casa, que pasaba a ser objeto de inversión (y de la lógica búsqueda de réditos) de un fondo.
María cuenta el caso de su hijo, que vive desde hace siete años en la calle de los Cedros en Madrid. En 2007 recibía las llaves de una vivienda protegida que, con bastante despliegue mediático, entregaba personalmente la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre.
Ahora le llega el momento de la opción a compra. "El plazo vence en enero. Él y su novia han estado un año detrás del IVIMA para hacer una oferta y comprarla sin que les hayan contestado. Mientras, han vendido su casa a Goldman Sachs". Perdidos en el periplo burocrático, no saben si podrán satisfacer el precio. Y si lograrán que les den un crédito. Esa promoción es de las primeras que salieron del Plan Joven.
"Les han mareado", comenta Alfonso Alonso, de la promoción de otra ciudad, Majadahonda. "Han vendido con total oscurantismo y sin dejarnos ejercer un derecho de tanteo para adquirir la casa".
La venta en un lote tan grande posibilitó a Goldman Sachs adquirir cada casa por una media de 68.000 euros. La Comunidad de Madrid las valoró en su salida a subasta en 56.000 euros de media (licitó el precio de partida en 168 millones), cuando en los contratos que firmó con los inquilinos puso un valor de entre 120.000 y 160.000 euros por vivienda para el momento en que se ejerciera la opción de compra. Es decir, de media, a cada casa le han rebajado casi la mitad del precio que consideraron justo para los ciudadanos.
Feli Velázquez habla como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social: "Un suelo público, un patrimonio público, unas viviendas pensadas para dar solución social a grupos más débiles han terminado convirtiéndose en elemento de especulación y beneficio de grandes empresas. El casero pasa de ser público a privado".
Los afectados se han organizado para presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales. "Nuestras casas dependen ahora de los jueces", coinciden los vecinos reunidos delante de la sede del IVIMA en una concentración de protesta este viernes. En enero se conocerá si se admite a trámite. La intención de la empresa es no prolongar los alquileres ya que, argumentan en las reuniones con los vecinos, "no es operativo gestionar un edificio mixto con alquileres y propietarios". Para la venta esperan negociar "cada caso".
Enrique Villalobos, de la Asociación de Vecinos del PAU de Vallecas, ha especificado a eldiario.es que el recurso judicial solicita medidas cautelares para paralizar el proceso de enajenación "porque para cuando se dictara sentencia habría muchos afectados cuyos contratos ya estarían vencidos" [como el del hijo de María].
La batalla legal ha sido "contra reloj, ya que los plazos corrían veloces", recuerda Villalobos. Cada personación en el recurso contencioso, debido a la reforma de las tasas judiciales diseñada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuesta 386 euros. Por eso se trató de poner en marcha el escrito "a través de aquellos con derecho a la justicia gratuita". Tras el periplo para que el Gobierno regional reconociese ese derecho, "unas 180 personas han firmado sus escritos".
Cambios en la normativa
"Nos hemos ajustado a la ley", aseguran en el IVIMA. Y lo cierto es que la normativa cambió poco antes de adjudicar las promociones. El 18 de julio de 2013, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su consejero de Vivienda, Pablo Cavero, firmaban un decreto que modificaba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública. Por una lado permitía poner en venta viviendas de alquiler al año "desde su calificación definitiva" –antes eran siete–, lo que abarcaba todas las promociones puestas en subasta.
Al mismo tiempo habilitaba a los dueños a enajenar "por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre, en cualquier momento del periodo de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, a un nuevo titular o titulares, siempre que sean personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria". Es decir, Goldman puede a partir de ahora hacer cualquier negocio con las viviendas. Una vez puesta en marcha la opción de compra, si los inquilinos no pueden hacer frente al precio, pueden buscar otro comprador a precio libre.
639 de las casas subastadas son sólo de alquiler con contratos de 25 años. La mayor promoción de estas características está en el pueblo madrileño de Navalcarnero. Mohammed Burgui cuenta a eldiario.es que 196 familias viven en estas casas. "160 dependen de las ayudas al alquiler social que reducen la renta entre el 20 y el 90%. La mayoría estamos pagando unos 60 euros y ahora quieren 500. No podremos pagarlos". Las ayudas duran dos años y se van revisando al vencer el plazo. Encasa Cibeles, la nueva dueña, sólo está obligada a mantenerlas hasta que venza la última ayuda concedida. Después, no.
Durante años, el Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó la vivienda protegida como medalla de la que presumir y lanzó docenas de promociones en suelo público y en convenio con ayuntamientos y constructoras. Entre 2003 y 2007, se empezaron 84.000 viviendas. Por entonces, Esperanza Aguirre no se cansaba de repetir en cualquier foro: "La vivienda protegida que se construye en Madrid es más de la que se construye en Cataluña y Andalucía, juntas y sumadas".
Ahora ese patrimonio social (y público) se ha vendido a Goldman Sachs. Pero la Comunidad de Madrid también ve en ello razones para presumir. En la Consejería de Vivienda destacan que, "además de ingresar 201 millones de euros, la Comunidad se ahorrará los 800.000 euros anuales que tiene que abonar en concepto de IBI y tasas municipales de recogida de basuras". Lo más probable es que lo hagan los vecinos.
