El Gobierno de España tramita ya en las Cortes Generales su ley de seguridad ciudadana, la norma apodada como 'ley mordaza' que anticipa un complicado escenario para múltiples organizaciones políticas y sociales e incluso para quien vela por el correcto cumplimiento de los derechos humanos, caso por ejemplo del control de los excesos policiales. Mientras el proyecto del Ministerio del Interior va completando trámites en Galicia varias organizaciones sociales sienten que estan siendo una especie de ratones de laboratorio de lo que está por venir, víctimas de algo semejante a un ensayo a través de una campaña de sanciones que, lejos de frenarse, no hace más que recrudecerse. El último colectivo que ha tenido noticias de esta apuesta gubernamental ha sido la plataforma Queremos Galego.
Grupos ecologistas, feministas, contra los desahucios o, como en este caso, de defensa de la lengua, describen una mecánica prácticamente idéntica: una vez celebrada una movilización determinada, la Delegación del Gobierno central en Galicia les notifica, apoyándose en la Policía Nacional, una propuesta de sanción por algún tipo de desperfecto realizado en las calles por las que transcurrió la protesta o en su entorno. En el caso de Queremos Galego se le atribuye -a la plataforma, no a personas concretas- la realización de pintadas "sobre cuestiones de las que no tenemos nada que decir o que no entran en nuestras funciones", explica su portavoz, Carlos Callón. E el caso, por ejemplo, de la plasmación en las paredes de lemas como "el turismo es colonialismo", por las que el Estado les reclama 450 euros.
Se da el caso, explicó Callón este jueves en rueda de prensa, que algunas de las sanciones llegan a ser un verdadero "copia y urraca", hasta el punto de que varias organizaciones están "acusadas por la misma pintada", en una estrategia que identifican como de "criminalización de los sospechosos habituales", esto es, de los movimientos que el PP "quiere que estén callados". Esta tesis, dice, se refuerza con la "respuesta que nos envía" el departamento que dirige Samuel Juárez tras la primera propuesta de sanción. Según el Gobierno central, "un policía paseó por todas las calles de Compostela" para "ver cómo estaban" antes de la manifestación del pasado Día das Letras Galegas "y después volvió a pasar", para comprobar si había habido daños. "Si hubo ese paseo policial, ¿por qué no lo dijeron antes?", se pregunta, antes de concluir que "están mintiendo".
Queremos Galego "estudia" ya la posibilidad de recurrir la multa, una vía para la que tienen en cuenta no sólo el hecho de que en esta y en otras movilizaciones convocadas por ellos "no hubo ningún acto incívico y si lo hubiera, lo rechazaríamos", sino también la cuestión económica, toda vez que las nuevas tasas judiciales hacen "más costoso económicamente" presentar un recurso. En todo caso, señala Callón, el colectivo se inclina por "no callar" ante este tipo de situaciones, toda vez que "con la nueva ley", sanciones como esta destabilizarían mucho más el movimiento, hasta el punto, dice, de "poner en peligro" futuras movilizaciones sólo por que el Estado las considera unas "reuniones de vándalos".
En este escenario, lo único "claro" es que "no nos vamos a callar", asegura el también presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística. "No nos van a amedrentar" a pesar de tener que enfrentarse a "problemas novedosos en los últimos treinta años". Vivimos "tiempos oscuros" en los que en última instancia, lamenta, lo que parece querer presentarse como delito" es "movilizarse en la defensa de nuestro idioma" aunque esas protestas hayan sido, desde su inicio, "un ejemplo de civismo".
