Hace años, la Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Economía, Tomás Villanueva, descubrió una expresión: “músculo financiero”. Eran mediados de la década de 2000, cuando desde el Gobierno regional se ideó la fusión de las cajas de ahorro de esta comunidad autónoma.
Se buscó unir a Caja Duero, Caja España, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Burgos y Caja Círculo. Hoy todas ellas ya no existen de forma individual y están integradas en entidades más grandes o en vías de integración.
Ahora, menos de cinco años después de aquel invento, las denuncias no han hecho más que aflorar sospechas, dudas y una gestión económico-financiera que ha dejado demasiadas lagunas, que se conocían pero que no se denunció.
Y lo último en conocerse es que la Fiscalía de Burgos ha trasladado a los juzgados una denuncia de UPyD contra los directivos de la antigua Caja de Burgos, hoy integrada en Caixa Bank, por un delito de administración desleal o fraudulenta.
En este caso, como en otros ocurridos en cajas de ahorro de Castilla y León, se denuncian los préstamos que concedían las entidades a sus directivos. En el caso de Caja Burgos, UPyD reveló que el anterior presidente, José María Arribas, recibió 45 préstamos personales entre 2005 y 2010, por un valor de 34 millones de euros. Estos créditos representaron el 93,86 por ciento de los que se dieron a miembros del Consejo de Administración, según UPyD.
En la denuncia de este partido se fue más allá al afirmar que los consejeros de Caja Burgos recibieron retribuciones incompatibles con su cargo, entre el 14 de febrero y el 15 de junio de 2011, durante el proceso de integración en Banca Cívica.
Ahora, es la Fiscalía la que podría haber visto indicios de delito al trasladar esa denuncia a los juzgados de Burgos para que inicien las investigaciones oportunas.
Pero esta entidad no es la única que es investigada. Casualmente, ese 'modus operandi' –en términos policiales– de conceder préstamos al presidente de la caja en condiciones ventajosas es el mismo que se investiga en la antigua Caja España. Aquí, y debido a una denuncia interpuesta por IU de Castilla y León, se analizan judicialmente una veintena de operaciones de crédito que se dieron por el Consejo de Administración de la caja radicada en León en las que no hubo garantías y, además, se tramitaron como ordinarias cuando eran de riesgo.
En total, se habla de créditos por valor de 67 millones de euros que se concedieron a empresas de Santos Llamas, un constructor leonés que, casualmente, era el presidente de Caja España, entre julio de 2006 y septiembre de 2010. Fue él uno de los interesados en lograr la fusión con Caja Duero, con sede en Salamanca.
El presidente de esta última caja, el neurólogo salmantino Julio Fermoso, y su director general, Lucas Hernández, también son investigados por los tribunales por operaciones que Caja Duero efectuó con la empresa de construcción Nozar, entre 2007 y 2008, y que llevaron a una situación financiera muy débil de la caja.
En otras operaciones, está la compra a esa empresa de un edificio en Madrid, por el que se pagaron 55,8 millones de euros, un precio que ahora, desde el Banco Ceiss –que nació con la unión de Caja Duero y Caja España–, se considera muy elevado, ya que se ha tasado en 15,8 millones. Al mismo tiempo, la investigación también indaga en un crédito de 34,5 millones a Luis Nozaleda, dueño de Nozar, avalado con la garantía de un paquete de acciones de tres empresas en crisis (el balneario Aguas de Panticosa, la chacinera Marcos Sotoserrano y la quesera Qualia Lácteos), que acabaron en poder de la caja. Las dos operaciones suman más de 90 millones de euros y se firmaron meses antes de que la empresa presentara concurso de acreedores.
Además, los presidentes de Caja Ávila, Agustín González, y de Caja Segovia, Atilano Soto, están imputados por el caso Bankia, en la Audiencia Nacional, tras otra querella de UPyD contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia por la fusión y salida a Bolsa de la entidad, que posteriormente tuvo que ser nacionalizada y recibió 22.424 millones en inyecciones de capital y otro tanto en avales públicos.
Y el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia también tiene imputados a todos los consejeros del Consejo de Administración de Caja Segovia participantes en una reunión mantenida, el 17 de julio de 2012, para aprobar la operación para hipotecar un emblemático edificio de la capital segoviana: el Torreón de Lozoya. Se les investiga por la supuesta comisión de un delito societario.
La imputación se basa en que el Consejo de Administración de Caja Segovia adoptó un acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 6.864.611 euros, que se concretó en escritura pública otorgada ante un notario de Segovia. Entre los bienes hipotecados en garantía del préstamo se encuentra el Torreón de Lozoya, bien perteneciente a Caja Segovia y símbolo de la ciudad.
Mientras tanto, el músculo financiero ha desaparecido. Y miles de trabajadores de las seis cajas de ahorro de Castilla y León están en el paro.
