Los abortos no aumentaron con la ley Zapatero. Por el contrario. Según los datos del Ministerio de Sanidad de 2012, el número de interrupciones voluntarias del embarazo se redujo un 5% respecto al año anterior. En total se realizaron 112.390 intervenciones, unas 6.000 menos que en 2011, cuando se contabilizaron 118.359. Son porcentajes muy parecidos a los del resto de Europa: 12,01 por cada 1.000 mujeres. En 2011 fue de 12,44.
La mayoría de las mujeres que se sometieron a un aborto lo hicieron ejerciendo su derecho de decidir sobre su maternidad en las 14 primeras semanas de gestación, algo que con le reforma que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no podrán hacer. La Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada habría cerrado la puerta al 91% de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo. A partir de ahora tendrán que alegar (y demostrar con un informe médico firmado por dos especialistas) que continuar con el embarazo significaría un riesgo para su salud física o mental. En 2012 apenas un 5,7% se acogió a este supuesto, el único al que podrán apelar tras la reforma, además del de violación.
Otro de los datos que revela el informe de Sanidad es que con la ley de plazos de 2010 la mayor parte de los abortos se realizaron en fases muy tempranas del embarazo. En concreto, 76.594 antes de las ocho semanas y 24.811 hasta la semana 12. Esto, según los especialistas, es muy importante ya que el riesgo de la intervención crece a medida que se desarrolla el embarazo.
Los grupos proelección y los titulares de las clínicas que realizan las operaciones critican que la nueva ley complica el acceso de las mujeres al aborto con más trámites y con más tiempo de reflexión, lo que provocará, aseguran, abortos en fases más tardías y, por tanto, más riesgosos.
En 2012 solo 306 abortos se realizaron por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave (un 0,27% del total). Este supuesto también desaparece. Con la ley Gallardón en estos casos será necesario un informe médico que acredite la anomalía y otro que certifique que seguir con el embarazo pone en riesgo la salud física o psíquica de la madre.
Española, de entre 20 y 29 años, con pareja y sin hijos, y con el título de la ESO o Bachillerato. Ese es el perfil más repetido entre las mujeres que interrumpen su embarazo. Las inmigrantes tienen un peso porcentual que supera su peso demográfico: son un 20% del total.
El factor socioeconómico también tiene su influencia: el 26,8% de las mujeres que interrumpieron su gestación en 2012 no tenía trabajo. 3,7 puntos porcentuales más que el año anterior.