Es imposible que un equipo de la elite del fútbol profesional español se enfrente en una competición continental a un club europeo que lleve como sponsor en su camiseta a una entidad pública. Las diputaciones provinciales, principales gestores de la promoción turística, han apostado por los clubes para promocionar sus playas, aeropuertos y demás atractivos locales.
Cuando ha fallado la diputación, se ha hecho cargo de una pegatina en la camiseta el ayuntamiento o la comunidad autónoma pertinente a través de la promoción de la televisión autonómica, por ejemplo. Un patrocinio público del fútbol que es un síntoma más de lo que lleva investigando la UE desde hace tres años: la financiación pública ilegal de los clubes españoles, según advirtió el pasado lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
“No hay manera de justificar que se ayude públicamente a una sociedad anónima por llevar el nombre de la ciudad porque no se hace con otras empresas. Las subvenciones deben estar basadas en un aprovechamiento social”, explica el profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid Pablo Burillo.
Este profesor remonta el entramado del fútbol y las instituciones en España a la Dictadura, cuando “el único deporte que existía era el de competición” que pudiera dar réditos a un régimen aislado del resto del mundo. El ministro Margallo asegura que defenderá a los clubes españoles a capa y espada porque forman parte de la “marca España”, afianzando ese punto de vista que el profesor atribuye al franquismo. “El deporte social, promovido con instalaciones para los vecinos comenzó en los ochenta. Hasta entonces, si se hacía una piscina, se hacía olímpica para la alta competición, porque daba igual hacer ejercicio para la espalda”.
El origen de la investigación de Bruselas a las ayudas ilegales al fútbol español es una incógnita. El ministro, que fue el que retomó el asunto después de varios avisos en el último año, no señaló al denunciante.
Sin embargo, algunos expertos sitúan en Alemania las quejas por las supuestas ventajas fiscales de los clubes españoles de alta competición en Europa. “Es difícil de entender que un club con un beneficio de 40 millones de euros reciba dinero público para construir su estadio”, explica el redactor jefe de futbolfinanzas.com, Gontzal Hormaetxea. Se refiere al Athletic de Bilbao, que vendió al jugador Javi Martínez en el verano de 2012 al Bayern de Múnich por 40 millones mientras el Gobierno vasco le pagaba el nuevo campo de San Mamés.
El Athletic de Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid CF y Osasuna CF son los únicos clubes españoles que no son sociedades anónimas deportivas gracias a que no tenían deudas cuando se modificó la Ley del Deporte en los noventa. Su estatus fiscal es de asociación, por lo que no pagan el impuesto de sociedades aunque sí tributan igual en el pago de los altos salarios de sus jugadores. Este hecho no ha pasado inadvertido en Alemania.
Nada menos que el presidente del Bayern Múnich, el exjugador Uli Hoeness, declaró lo siguiente en marzo de 2012 tras conocer la enorme deuda de los clubes españoles cercana a los 700 millones de euros: "Para mí es el colmo, es impensable. Pagamos cientos de millones de euros [a España] para que salgan de la mierda y luego los clubes se eximen de pagar la deuda. Esto no puede ser así". Meses después fue investigado por un enorme caso de evasión fiscal de su fortuna personal con el Gobierno alemán.
El Gobierno se ha apresurado a defender a los clubes de fútbol que, en la estrategia del dominio de la opinión pública, es como defender a los votantes porque la identidad entre clubes en España y ciudad, región, nación o patria es casi plena.
Dinero público para el fútbol: la lista completa
Los ejemplos de apoyo público que han beneficiado a la totalidad de los clubes que actualmente compiten en la Primera División son numerosos. Muy pocos funcionan sin dinero público.
Almería CF. Juega sus partidos oficiales en un estadio municipal inaugurado en 2005 con un coste de 21 millones de euros públicos. Además, utiliza como campo de entrenamiento las instalaciones municipales Juan Rojas.
Athletic de Bilbao. La UE acusa a este club de estar constituida como asociación deportiva para evitar pagar el impuesto de sociedades. La operación urbanística para construir el nuevo estadio le ha costado a la Diputación de Vizcaya 50 millones de euros. Esta misma institución decidió el pasado verano retirar el patrocinio del club, que iba a costar a todos los vizcaínos 7,6 millones hasta 2016.
Atlético de Madrid. Disfruta de una ciudad deportiva municipal cedida por el Ayuntamiento de Majadahonda por 50 años. El Ayuntamiento cobró parte de la deuda de este club con motivo de la operación urbanística por el traslado a La Peineta con entradas para ver los partidos.
Barcelona. Al igual que el Athletic Club, Real Madrid y Osasuna no paga impuesto de sociedades. La Generalitat pagó al club un patrocinio a través de TV3 por valor de 3 millones de euros anuales.
Celta. Un porcentaje del club es directamente público al pertenecer a la nacionalizada Caixa Novagalicia. Disfruta de un viejo campo municipal, el de Balaídos, de 1928, para el que proyectó en 2003, sin éxito, la construcción de un hotel y un centro comercial por valor de 60 millones a pagar entre el Gobierno, la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo. La Xunta descartó por caro el proyecto y porque afectaba a la fábrica de Citroen, pero en ningún caso se alegó que el dinero público no iba a costearlo.
Elche. Uno de los cuatro clubes valencianos beneficiado por los avales incontrolados del Gobierno de Francisco Camps. El Elche CF debe pagar 9 millones a la Generalitat antes de 2018, después de que las entidades bancarias ejecutasen el aval. Estos avales del Instituto Valenciano de Finanzas están siendo investigados por Bruselas.
Espanyol. La Generalitat también pagó 3 millones de euros anuales al club catalán por lucir el logotipo de la televisión pública en la camiseta. La recalificación de terrenos de su antiguo estadio para construir el nuevo por 60 millones de euros incluía subvención pública.
Getafe. Cuenta con un estadio municipal estrenado en 1998 y con una ciudad deportiva pública de uso privado. Además, el Ayuntamiento paga una subvención de 3,5 millones anuales por la labor del club en la escuela de 1.200 jugadores.
El alcalde actual, Juan Soler (PP), no ha descartado el plan del presidente del club, Ángel Torres, y el anterior alcalde, Pedro Castro (PSOE), de tirar el estadio actual y construir uno nuevo para 25.000 espectadores y centro comercial, pese a que la asistencia habitual al Coliseum Alfonso Pérez es de 11.000 personas. "Si al Ayuntamiento no le cuesta dinero, lo veríamos bien porque un mejor estadio a Getafe le vendría bien y, si al club le viene bien, nos parece que es un proyecto del club y es respetable", ha declarado el alcalde.
Granada. El club paga 150.000 euros de mantenimiento por un estadio municipal que se inauguró en 1995 y cuya última remodelación, pagada con dinero público, costó 1,2 millones de euros.
A pesar de ello, el club pelea por un nuevo estadio: "Sigo pensando que podíamos tener un estadio más grande. Merece la pena hacerlo, pero no a nivel de club porque es una operación que necesita de un mínimo de 10 millones de euros. La Cámara de Comercio hizo un estudio en el que se indicaba que estar en Primera suponía un beneficio económico de treinta millones de euros a la ciudad", dice el presidente de la entidad, Quique Pina.
Levante. La Generalitat presentó un aval por 5,6 millones al club que, de momento, no se ha ejecutado. En diciembre deben pagar 1,5 millones. El Ayuntamiento de Valencia aprobó en noviembre de 2012 una operación urbanística calcada a la fracasada de Mestalla que incluye la construcción de siete torres de 20 alturas. El Levante CF no sabe dónde se iría a jugar.
Málaga. Tras la quiebra y refundación del club en 1992, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía se hicieron propietarios del expropiado campo de La Rosaleda. En 2006 acabó la última remodelación, con un coste de 36 millones de euros públicos.
Osasuna. El Gobierno de Navarra adeuda 1,5 millones de euros por un patrocinio público que consistía en renombrar el estadio de El Sadar como Reyno de Navarra. La iniciativa tomada en un club de tradición vasquista en Navarra de llamar Reyno al estadio fue tomada por el Gobierno de UPN.
Betis y Sevilla. Ambos clubes viven días convulsos después de que se conociera que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene una subvención para promocionar los partidos entre ambos clubes en la ciudad por 340.000 euros anuales. El ayuntamiento se defiende diciendo que la Junta paga 50.000 euros a cada club por partido europeo, 15.000 euros por eliminatoria superada y 30.000 si ganan la competición.
Real Sociedad. Desde 1993 tiene como sede el estadio municipal de Anoeta, que costó 21 millones pagados por la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y el propio club. Además, el club recibía un millón anual por el patrocinio de la Diputación.
Después de conocer el apoyo público del Gobierno vasco a la construcción del nuevo estadio del Athletic, el club donostiarra aspira a retirar la pista de atletismo del estadio y ampliar así el aforo con una obra de 62 millones de euros que pagarían la Kutxa, la Diputación y el Ayuntamiento a cambio de gestionar la explotación comercial de una esquina del estadio. El proyecto está parado porque el Ayuntamiento dice que sólo daría terreno público, pero no dinero.
Valencia CF. El principal caso que investiga Bruselas en cuanto a ayudas financieras públicas ilegales. La Generalitat avaló a través del Instituto Valenciano de Inversiones una operación urbanística ruinosa que consistía en vender el solar del viejo estadio que todavía utiliza el club a cambio de unos terrenos públicos cedidos al Valencia donde se contruye el nuevo estadio. La bancarrota de Bancaja echó abajo toda la operación, por la que la Generalitat debe pagar cerca de 100 millones a Bankia.
Valladolid. El estadio municipal José Zorrilla es de propiedad municipal desde El Mundial de 1982. En 1997 fue cedido al Real Valladolid por 40 años a cambio de que las modificaciones del estadio las haga el club. De ahí que la remodelación de los asientos la haya pagado Mahou.
El acuerdo incluye la cesión comercial del estadio. El club paga la irrisoria cantidad de 12 millones de pesetas (66.000 euros) al año, 250 entradas para casa y fuera y dos palcos para 18 personas. El Ayuntamiento se compromete a pagar al club 78.000 euros por el Trofeo Ciudad de Valladolid. Por tanto, el Ayuntamiento paga al Valladolid por usar un campo público. El convenio puede consultarse aquí.
Villarreal. Renunció en noviembre de 2012 a cinco millones anuales de sponsor de la Diputación de Castellón. “Existen otras prioridades a nivel social”, dijo su presidente, Fernando Roig, después de que el Villarreal cobrará 20 millones de euros por publicitar el aeropuerto de Castellón.
“Este es el momento de dar este paso. Creo que una entidad como el Villarreal debe ser lo que sus aficionados y su potencial le permitan ser, sin recibir un dinero que es vital para otras cosas y otra gente que lo necesita mucho más”, apuntó el presidente. La extrabajadora de Canal 9 y exconsejera de Deporte Lola Johnson añadió: “El Villarreal demuestra que quiere una sociedad mejor. Nos da una lección de cómo nos debemos adaptar a la situación tan dura que vivimos”.
Real Madrid CF. Bruselas investiga su constitución como asociación deportiva y la operación urbanística por la que vendió el terreno de la antigua Ciudad Deportiva del Paseo de la Castellana gracias a la recalificación de terrenos ordenada por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. El club obtuvo a cambio una parcela donde construyó su Ciudad Deportiva actual en Valdebebas.
