Fue a mediados de año cuando la CEOE aprobó un Código Ético y de Buen Gobierno para "dar ejemplo" y mejorar en transparencia. Su expresidente Gerardo Díaz Ferrán estaba ya en la cárcel y uno de sus vicepresidentes –Arturo Fernández– se había visto obligado a regularizar pagos en negro a sus trabajadores.
Seis meses después, la adjunta a la presidencia de CEIM (la patronal madrileña, miembro de la CEOE), Lourdes Cavero, ha sido imputada por la compra de un ático en Marbella junto a su marido, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. El código ético no ha evitado que tanto Fernández como Cavero sigan ocupando sus puestos.
El código obliga a todas las personas vinculadas a él a comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial penal "con trascendencia empresarial" y a poner a disposición su cargo hasta que el caso quede resuelto. Si se interpreta literalmente este punto, Lourdes Cavero no tendría por qué comunicar siquiera sus condiciones de imputada, ya que su caso no tiene, al menos de momento, "trascendencia empresarial". Pero sí afectaría a Arturo Fernández, dado que las prácticas irregulares por las que fue sancionado se dieron en su grupo empresarial.
El texto especifica también qué entiende la CEOE por abrir un procedimiento judicial: "Cuando se formule contra el interesado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal; o cuando se adopte contra el mismo una medida cautelar de especial importancia e intensidad; o cuando contra el afectado se dicte auto de procesamiento".
La Junta Directiva de la CEOE tiene la potestad de suspender de su cargo a las personas contra las que se hayan abierto estos procedimientos judiciales o bien proponer a la Asamblea General que se les aparte de sus responsabilidades. Pero la Junta se reserva también la capacidad de adoptar este tipo de medidas "respecto a cualquier persona afectada por este código cuya conducta personal desmerezca gravemente de la honestidad o/e integridad que todos están obligados a respetar, o vulnere gravemente las directrices de este código".
Aunque es una potestad, y no una obligación, parece claro que la patronal ha decidido no aplicarla en casos como el de Arturo Fernández y, de momento, en el de Lourdes Cavero.
"Todos los afectados por este código deben evitar cualquier conducta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses. Ninguno de ellos colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al ordenamiento jurídico vigente", dice otro de los puntos del documento, que vincula a todos los cargos directivos de la organización, así como a sus empleados y personas y entidades afiliadas.
En el auto en el que la jueza imputa a la adjunta a la presidencia de CEIM, recuerda que el Sindicato Unificado de Policía le atribuía un supuesto delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales "provenientes de unas supuestas comisiones, producido con anuencia de una entidad extranjera ad hoc".
Sin embargo, un portavoz de CEIM ha asegurado a eldiario.es que la imputación de Cavero no choca con este código de buenas prácticas, ya que es una cuestión puramente "personal".
De la Cavada, denunciado por acoso
El código ético de la patronal "rechaza" cualquier manifestación "de acoso físico, psicológico, moral, o de abuso de autoridad", así como cualquier otra conducta "que pueda generar un entorno intimidatorio de trabajo o lesivo con los derechos de las personas". Precisamente, ayer se conocía que el director de Relaciones Laborales de la patronal, José De la Cavada, abandonaba la CEOE.
De la Cavada fue denunciado en 2010 por sus trabajadores por acoso laboral, un caso que le llevó a juicio y por el que la Inspección de Trabajo le impuso una multa. Sin embargo, no ha sido el código ético el que ha impulsado su marcha, sino una ardua negociación con la patronal que ha acabado en acuerdo económico.
"Todos deben tratarse con respeto, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. Todos tienen la obligación recíproca de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus colaboradores", señala el código.
