La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación en profundidad contra siete clubes de fútbol españoles --Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche-- por presuntas ayudas públicas ilegales.
El Ejecutivo comunitario ha excluido de su expediente la financiación de la construcción del nuevo Estado de San Mamés en Bilbao, pese a que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, había anunciado que también sería investigada.
Las ayudas en cuestión no fueron notificadas oficialmente a Bruselas y a la Comisión le preocupa que "confieran ventajas significativas a los clubes beneficiarios, en detrimento de aquellos que deben funcionar sin esa ayuda".
La apertura de una investigación pormenorizada proporciona a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas en cuestión, y no prejuzgan el resultado de la misma.
"Los clubes de fútbol profesional deben financiar sus costes de funcionamiento y sus inversiones aplicando una buena gestión financiera en lugar de hacerlo con cargo al contribuyente. Los Estados miembros y las autoridades públicas deben cumplir las normas de la UE en este ámbito, al igual que en todos los sectores económicos", ha dicho el vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
En primer lugar, la Comisión va a investigar los posibles privilegios fiscales otorgados al Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna. Estos cuatro clubes están exentos de la obligación general de transformarse en sociedades anónimas y disfrutan por ello de un tipo fiscal ventajoso del 25% frente al 30% que se aplica al resto de equipos.
Otra investigación examinará la permuta entre el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid de los terrenos de Valdebebas, en donde se ha construido la nueva Ciudad Deportiva. Esta permuta se basó, según Bruselas, en una nueva tasación de un terreno por un valor de 22,7 millones de euros, en lugar de su anterior valor de 595.000 euros tasado en 1998.
Los avales de la Comunidad Valenciana
Por último, Bruselas examinará si los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas para préstamos utilizados para financiar a tres clubes de la Comunidad Valenciana, el Valencia, el Hércules y el Elche, cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE, en un momento en que esos clubes atravesaban aparentemente por dificultades financieras.
Por lo que se refiere al Valencia, Bruselas examina en primer lugar el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para un préstamo bancario de 75 millones de euros concedido por Bancaja a la Fundación Valencia Club de Fútbol, que se utilizó para financiar la adquisición de acciones del Valencia por parte de esa Fundación.
En 2010 y 2013, el IVF aumentó en 6 millones y 5 millones, respectivamente, el aval con el fin de atender el pago del principal, intereses y gastos vencidos derivados de los pagos no abonados del préstamo garantizado concedido anteriormente al Valencia.
En cuanto al Hércules, la Comisión investiga un aval para un préstamo de 18 millones concedido por la CAM a la Fundación Hércules de Alicante, que se utilizó para financiar la adquisición de acciones del club por esa Fundación.
Finalmente, el Elche recibió un aval del IVF para dos préstamos por un total de 14 millones de euros concedidos por la CAM y el Banco de Valencia a la Fundación Elche Club de Fútbol, que se utilizó también para financiar la adquisición de acciones.
Todo financiado con rescursos del Estado
Todas estas medidas, apunta la Comisión, se financiaron mediante recursos del Estado y confieren ventajas a determinados clubes que realizan actividades económicas en el mercado interior de la UE. Por lo tanto, pueden afectar a la competencia y a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y parecer entrañar una ayuda pública.
Dicha ayuda, según aclara el Ejecutivo comunitario, puede considerarse compatible si fomenta un objetivo común sin falsear de forma indebida la competencia en el mercado interior. Hasta el momento, España no ha aportado prueba alguna a tal efecto.
En la medida en que los clubes de fútbol profesional en cuestión se enfrentaban a dificultades financieras cuando se ejecutaron las citadas medidas, estas deben evaluarse sobre la base de las directrices que permiten a los Estados miembros conceder ayuda para el salvamento y reestructuración de empresas en crisis, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Pero en la fase actual, la Comisión "alberga dudas de que las medidas se ajusten a lo dispuesto en las directrices, en particular debido a que España no ha presentado ningún plan de reestructuración que demuestre cómo los clubes podrían volver a ser rentables al tiempo que limita el falseamiento de la competencia provocado por la ayuda estatal".
