"Yo nunca critico a los periódicos. Y mucho menos a los periodistas". La frase es de Mariano Rajoy y la dijo el día de la Constitución en el Congreso. Le escuchaban, es un decir, varios círculos concéntricos de periodistas apretados en lo que se conoce como un corrillo, pero que se parece más a una melé en la que ganan los más altos o los más hábiles para hacerse un hueco a codazo limpio.
Pero lo que el presidente no confesó es que la prensa no le gusta. No es nada personal. Rajoy es un hombre socarrón y amable en las distancias cortas, pero se siente incómodo e inseguro en su presencia. Tampoco es de ahora. Ya le pasaba cuando era líder de la oposición.
Si la alergia es crónica, el caso Bárcenas la ha agravado hasta el punto de que Moncloa ha decidido actuar para hacerle la vida más fácil. La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ha ideado una nueva fórmula para elegir qué periodistas preguntarán a su jefe en las ruedas de prensa conjuntas con visitantes extranjeros, las acotadas a dos turnos de palabra para medios españoles y otros dos para los de fuera.
Martínez Castro ha inventado la lista de Moncloa. Un rato antes de empezar las comparecencias, los que quieran preguntar se apuntan en un papel. La gracia de elegirlos le corresponde a ella.
El trago de anunciárselo a los periodistas corrió a cargo de los colaboradores de Martínez Castro el jueves, minutos antes de que el presidente apareciera junto a Herman van Rompuy. La prensa se negó a darse por enterada y reclamó que ella diera la cara. Hubo que esperar al tercer intento para que apareciera. Argumentó que se habían quejado de discriminación "varios medios" y que el nuevo método sería rotativo y plural. Su respuesta ante la protesta generalizada por el intento de control fue: "Os ponéis la venda antes de la herida".
La prensa, discutiendo con la Secretaria de Estado de Comunicación, que quiere elegir quién pregunta pic.twitter.com/YgQdHhwaPU
— Cristina Pardo (@cristina_pardo) diciembre 12, 2013
Algunos se apuntaron en la lista aunque la mayoría se negó. También los hubo que escribieron su nombre y luego lo tacharon. El diario ABC consiguió su objetivo de cambiar el sistema y tuvo la ocasión de preguntar en la rueda de prensa. Rajoy leyó la respuesta que llevaba preparada. ABC se regodeó en su victoria y al día siguiente publicó un texto, sin firmar, con el título "Moncloa devuelve la libertad de prensa".
El detonante: los SMS entre Bárcenas y Rajoy
Los periodistas que cubren la información del Gobierno temían que sucediera algo así desde el 16 de julio. La publicación en El Mundo de los SMS cruzados entre Luis Bárcenas y Rajoy provocó una escena insólita. La redactora del diario, Marisa Cruz, fue elegida ese día por sus colegas para formular una de las preguntas. A la hora de la verdad, Rajoy señaló al representante del ABC, el diario que dirige Bieito Rubido, y Cruz abandonó la sala. La cara que Rajoy puso a su jefa de prensa fue un poema pero logró su fin: contestar a cuestiones previamente amañadas con Rubido.
Como recuerda Carlos E. Cué, de El País, "ABC había respetado durante años el acuerdo y hasta hace pocos meses nunca se había quejado". Hay que recordar que los periodistas pactan los temas, pero no la formulación. Los redactores deciden cómo interrogan y tratan de hacer varias preguntas en una sola intervención para que ninguna cuestión importante se quede fuera. "Nunca nadie ha podido decir que no se le ha dejado preguntar", añade Cué.
También inciden en este punto Pablo Iglesias, de Servimedia, y Cristina Pardo, de La Sexta, indignados con la situación. Ambos denuncian el papel de ABC y el hecho de que Moncloa haya decidido de forma unilateral.
"El problema no existía, pero podían haber hablado con nosotros para encontrar una fórmula alternativa", explica Pardo. La periodista añade que el pasado jueves Telecinco no preguntó porque su redactora tuvo que salir de la sala para informar en directo. "Pedí que me dejaran hacerlo en su lugar y se negaron. El resultado es que, además, se perdió un turno de preguntas".
Todos los consultados recuerdan situaciones bochornosas, como la vez que el presidente respondió "la segunda, ya tal" a una pregunta sobre Bárcenas. O cuando su equipo presionó, sin éxito, a la cadena Bloomberg para que eliminara el fragmento en que Rajoy sostenía que la financiación ilegal en su partido "no se podrá probar".
Divide y vencerás
Cuando Martínez Castro extendió a varios medios el descontento con el sistema tradicional, olvidó aclarar que algunos han sido invitados a sumarse. Es el caso de la agencia Efe y RTVE, donde el Gobierno nombra a sus responsables. Otros medios privados pero cercanos al Ejecutivo, como Antena 3, también se han acabado sumando a la estrategia de ABC.
El viernes, fue Soraya Sáenz de Santamaría quien tuvo que lidiar con el asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Varios redactores preguntaron por las razones del cambio, por la "rareza" de que sea el Gobierno quien escoja y por las protestas de asociaciones profesionales como la APM y sindicatos como FESP. Ambos han emitido comunicados de protesta contra la actitud del Gobierno por la falta de respeto a "los derechos constitucionales de libertad de información y expresión".
La presidenta de la APM, la periodista de La Vanguardia Carmen del Riego, desmintió que haya asesorado a Moncloa en este asunto, como aseguró ABC y la propia Martínez Castro. "Es mentira", dijo en Twitter en mayúsculas. Además, la APM recuerda que quien sale perdiendo no es la profesión sino todos porque a través de la prensa los gobernantes "se someten al control de los ciudadanos y los ciudadanos logran la información para formarse su propia opinión".
Los periodistas pidieron el viernes a la vicepresidenta una reunión para abordar el tema y trasladarle su versión de los hechos. La número dos de Rajoy no aceptó y pidió paciencia hasta ver cómo funciona el nuevo método. La prensa insistirá el martes, durante la tradicional copa de Navidad que ofrece Moncloa a los informadores. Si no hay solución, los periodistas intentarán acordar una estrategia común para burlar el intento del Gobierno de ahorrarse las preguntas que no son de su agrado.
