Era el proyecto estrella de la Comunidad de Madrid. Y se ha encontrado con la espantada de Sheldon Adelson, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya accedido a algunas de las peticiones del magnate del juego, entre ellas la adaptación de la ley antitabaco, ventajas fiscales, laborales y relativas al préstamo de dinero por entidades no financieras.
En estas fechas ya se tenía que haber puesto la primera piedra, era el compromiso después de que, hace un año, Adelson pisara los terrenos en los que se iba a instalar su macrocasino. El Gobierno regional movió todas sus fichas; pero el central, no, en lo que supone un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y Moncloa, que ha sido urgida en público y en privado repetidamente por el Ejecutivo madrileño.
En septiembre, Ignacio González, el presidente regional, lanzó un aviso a Rajoy en los micrófonos de esradio: "Como no se resuelva urgentísimamente el marco legal estatal para que venga Eurovegas, el riesgo es que Eurovegas decida irse a otro sitio. Se debería hacer todo lo posible". Y así ha sido: Eurovegas se va y González pierde una de sus banderas.
Y su vicepresidente, Salvador Victoria, poco después, reconoció que la Comunidad de Madrid estaba "deseosa" de acoger inversiones extranjeras y que por eso había vuelto a pedir al Gobierno central que elaborara el "marco legal necesario" y que Rajoy incluyera este asunto en su "agenda" como "prioritario para generar empleo".
Hace apenas tres día, el consejero de Hacienda, Enrique Ossorio, afirmaba: "Aunque no nos preocupe, sí nos gustaría que esto se resolviera a la mayor rapidez para garantizar que esta inversión viene a España y no a otro país como Japón".
Este episodio es el último de los numerosos encontronazos entre Moncloa y la Puerta del Sol, muchos de ellos en torno a cuestiones que el PP madrileño considera ideológicas y que, a su juicio, Rajoy está incumpliendo: la gestión del 'caso Bárcenas', las subidas de impuestos y la política en relación a los presos etarras (desde Bolinaga hasta la doctrina Parot).
Hace apenas dos semanas, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, criticaba la gestión del Gobierno con estos argumentos: "Hay que bajar los impuestos, hay que cumplir el programa electoral. Ortega Lara fuera del partido y Bolinaga en la calle". Lo dijo en la Cope: "No se ha podido cumplir en la primera parte de la legislatura porque han encontrado una situación económica peor de lo que esperaban. [...] Viendo los primeros atisbos de recuperación, que no tienen que ser triunfalistas, (...) pero sí muy positivos, ha llegado el momento de cumplir el programa electoral. Como los hemos subido [los impuestos] 30 veces, ha llegado el momento de bajarlos".
Un claro ejemplo de este discurso divergente con el del Ejecutivo en relación con los presos de ETA fue cómo el PP madrileño confirmó su asistencia en pleno a la concentración de las víctimas del terrorismo mientras Moncloa se ponía de perfil y Génova se veía superada por las circunstancias.
Pero no sólo es eso. Otro elemento de agravio que abandera la Comunidad de Madrid es la financiación autonómica. La propia Aguirre acusó a Cristóbal Montoro de "castigar a los ciudadanos" con el "déficit a la carta": "La resolución ministerial castiga a los buenos y premia a los malos", escribió la presidenta del PP madrileño en su artículo semanal del diario ABC sobre el ministro de Hacienda.
