El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad ha publicado en el BOE el anuncio de licitación del servicio del teléfono 016 para atender a víctimas de violencia de género. A finales de octubre, CCOO denunció que la empresa que gestiona actualmente el número había despedido a dos trabajadoras embarazadas. Finalmente, Qualytel, filial del grupo Arvato Bertelesman, readmitió a una de ellas y aseguró que se había tratado de un error. La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, afirmó que el Ministerio había pedido explicaciones a la empresa y anunció una nueva licitación de servicio.
En el anuncio, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de la que depende el teléfono, ofrece un contrato por un valor estimado de 1.652.892 euros. El contrato tendrá una duración de un año, con posibilidad de prorrogarlo otro año más. En los pliegos de condiciones, el Ministerio deja claro que la empresa ofertante debe incluir al personal actual, es decir, está obligada a subrogar los contratos de todas las personas adscritas al servicio. También incluye cuáles deben ser las condiciones salariales mínimas de las trabajadoras.
Actualmente, el servicio está integrado por dos personas responsables de proyecto, una persona responsable en formación y calidad, una coordinadora de servicio, 13 operadoras, una coordinadora del servicio de asesoría legal y cinco asesoras.
Los pliegos incluyen también las condiciones técnicas mínimas que deben ofrecer las empresas que quieran conseguir el servicio. Por ejemplo, deben cumplir con la legislación laboral, "de Seguridad Social, y de seguridad e higiene en el trabajo". "La supervisión del trabajo se llevará a cabo por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género", dice uno de los anexos de la convocatoria.
Qualytel tiene varios centros de trabajo repartidos por España y el servicio del 016 se encuentra en Madrid. Fueron algunos delegados sindicales de CCOO en el centro de Zaragoza, que cuenta con 1.270 trabajadores y trabaja íntegramente para Vodafone, los que denunciaron el despido de dos trabajadoras embarazadas. La empresa readmitió a una de ellas y aseguró que se trataba de un error de la ETT que había hecho el contrato.
En el otro caso, señaló que no se trataba de un despido, porque el contrato temporal de la trabajadora finalizaba. No obstante, la empleada llevaba casi un año con un contrato que se renovaba mes a mes, y fue en su octavo mes de embarazo cuando le comunicaron que no volverían a renovárselo.
Por otro lado, la inspección de Trabajo sancionó a Qualytel por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y despedir a trabajadores con discapacidad en 2012. Así consta en una notificación de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con fecha de abril de 2012. Según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, las empresas con infracciones graves en materia de integración laboral de personas con discapacidad tienen prohibido contratar con las administraciones públicas.
Arvato es una de las casi 60 empresas que se han adherido a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género que puso en marcha el ministerio de Sanidad. Estas empresas se comprometen a dar empleo a mujeres víctimas de violencia machista y a sensibilizar a sus plantillas.
En cualquier caso, Arvato Bertelsmann no descarta presentarse al concurso para quedarse otra vez con la gestión del servicio.
