Al mismo tiempo que el juez Elpidio José Silva se acerca al banquillo de los acusados, Miguel Blesa se aleja de él. El magistrado está ya muy cerca de ser juzgado por las decisiones adoptadas durante la investigación al banquero y mientras, este contempla cómo la instrucción, en manos ajenas a las de Silva, languidece.
Será la Audiencia Provincial quien decida cuál de los dos juzgados que llevan desde octubre sacudiéndose el caso de la compra del City National Bank of Miami por Caja Madrid se hace finalmente cargo del mismo. En julio, otro sustituto de Silva se negó a reabrir la causa matriz, el crédito de 26,6 millones concedido por la entidad a Marsans cuando el grupo de Gerardo Díaz Ferrán ya estaba en quiebra.
La Sección 17 de la Audiencia Provincial debe resolver ahora un conflicto de competencia, a causa del desinterés de la jueza sustituta María Sánchez Rivero por hacerse con el caso, actitud compartida por el titular del Juzgado 19 de Madrid. Este último recibió por reparto la causa del City National Bank, pero la reenvió al Juzgado de Silva, ya con este suspendido, al entender que investigaba asuntos relacionados con la misma. La jueza, sustituta de Silva hasta el pasado lunes, es quien elevó el conflicto de competencia.
Con independencia de que el primer paso para juzgar a Silva que dio este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid conlleve la suspensión cautelar del magistrado, éste no podría retomar la investigación al encontrarse recusado.
El conflicto se originó después de que la Audiencia Provincial detectara indicios para investigar la compra del City National Bank of Miami por Caja Madrid, en los tiempos en que Blesa presidía la entidad. La Audiencia de Madrid considera, sin embargo, que Silva debió enviar la causa a reparto cuando recibió la denuncia de Manos Limpias. Este fue el argumento de la sustituta de Silva para enviar las diligencias al Decanato y que este procediera a su reparto. Así llegó al Juzgado 19, que, según la recibió, la rebotó de nuevo al Juzgado 9, el de Silva, por considerar que allí ya se investigan hechos vinculados.
"Gestión aberrante"
El juez Elpidio José Silva envió a la cárcel a Miguel Blesa por su “gestión aberrante” al frente de Caja Madrid, incluida la adquisición del banco estadounidense en plena tormenta económica. Dicha compra habría provocado, según calculó el juez, unas pérdidas de 500 millones de euros a Caja Madrid. Los indicios para abrir esta causa surgieron durante la investigación del crédito de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al grupo Marsans, presidido entonces por Gerardo Díaz Ferrán, cuando ya se encontraba en quiebra.
El juez Antonio Peña Toro, al que le tocó sustituir a Silva en un primer momento, se negó en julio a reabrir el caso del crédito a Marsans por una denuncia de Manos Limpias. Alegó que los hechos presentados por el sindicato eran nuevos, pero que sus protagonistas “sólo coinciden parcialmente con los que fueron objeto de la investigación anterior”.
La Audiencia Provincial de Madrid había anulado en junio todas las actuaciones realizadas por Silva desde que reabrió la causa por el crédito de Caja Madrid al grupo. La Audiencia alegó que Silva había hecho de la investigación a Blesa “una causa general” en busca de los culpables de la crisis económica y le llegaba a acusar de haberse documentado en Wikipedia para documentar su reapertura del caso. Él mismo lo había cerrado y reabierto con posterioridad sin la existencia de nuevos indicios, según la Audiencia Provincial.
Silva, sin embargo, había alegado para la reapertura la existencia de una "alarma social, derivada de la crisis económica mundial”, y que eso afectaba a la denuncia inicial. La Fiscalía terminó denunciando a Silva por las distintas decisiones adoptadas durante la instrucción y el juez se enfrenta ahora a la expulsión de la carrera si es condenado por prevaricación.
El juez Elpidio José Silva dictó prisión contra el exbanquero Blesa, amigo personal de Aznar, en dos ocasiones. La primera, eludible con fianza de 2,5 millones de euros, y la segunda, incondicional. El juez lo acusó de un delito societario de administración desleal o bien de un delito de apropiación indebida, en posible concurso con falsedad en documento público. El exbanquero pasó 48 horas en la cárcel de Soto del Real hasta que reunió los avales para su fianza.
Tres semanas después, correos incorporados a la causa llevaron a Silva a interrogarlo de nuevo y decretar la prisión incondicional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Cuando la Audiencia anuló las decisiones de Silva, Blesa salió de prisión, la misma cárcel que ya ocupaba el jefe de la patronal en tiempos de Aznar, Gerardo Díaz Ferrán, y a la que iría a parar un mes después el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Las preferentes
Solo un frente judicial contra Blesa permanece aún virgen. Se trata de la querella admitida el pasado junio por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por la comercialización de las preferentes en el marco del 'caso Bankia'. El bufete de abogados barcelonés Jausas asegura en la querella que la emisión de 3.000 millones de euros en participaciones preferentes realizadas por Caja Madrid en 2009 podría constituir un delito de estafa. "En esa emisión, la entidad supuestamente no sólo engañó sobre la naturaleza del producto sino que colocó participaciones entre inversores a su valor nominal, que era muy superior al razonable".
Además de Blesa, están señalados en la querella Gerardo Díaz Ferrán, como expresidente de la CEOE, y los representantes de PP, PSOE, IU y los sindicatos CCOO y UGT en el Consejo de Administración de la época en la que se comercializó el producto. La admisión a trámite de esta querella está recurrida a la Sala de lo Penal que, según fuentes jurídicas, deberá pronunciarse al respecto en breve. De esa decisión depende que Blesa sea llamado a declarar como imputado.
