La resaca de la monumental chapuza con la que el viernes 29 de noviembre se ponía fin a 24 años de historia de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) está siendo dura para el PP valenciano. Alberto Fabra es increpado en cada acto público que protagoniza, los miembros del PP son hostigados por trabajadores de la cadena o gente contraria al cierre y la oposición está envalentonada y hasta sincronizada para luchar por la vía política, judicial y social contra una decisión que ha llegado a ser calificada de golpe de estado.
El PP, que gobierna la Generalitat desde 1995, está desorientado. De ser el partido hegemónico en el parlamento y todos los ámbitos de la sociedad se ha convertido en una fuerza contestada e incluso vituperada por amplios sectores de ciudadanos. Paradójicamente, RTVV, el medio de comunicación que le servía de altavoz hasta hace menos de un mes, ha marcado, o al menos acentuado, el cambio de tendencia.
El viernes, el día del cierre, empezaron las protestas. El presidente de la Generalitat fue duramente abucheado por trabajadores de RTVV en Alicante y otros colectivos en la ciudad de Ibi, donde se trasladó el pleno del gobierno para eludir posibles algaradas en Valencia. Poco después, el vicepresidente, José Císcar, daba en solitario la rueda de prensa semanal para dar cuenta de los acuerdos del Consell. La prensa, en pleno, decidió boicotearle en protesta por la liquidación de Canal 9.
Automáticamente, el PP canceló toda su agenda para el fin de semana. Hasta cuatro actos fueron suspendidos. El sábado, los miembros del partido más activos en las redes sociales enmudecieron mientras una manifestación reunía a 60.000 personas en Valencia, según los organizadores, en defensa de Canal 9. La consigna interna era clara: perfil bajo hasta que la tormenta amaine. Los ánimos, sin embargo, siguen encendidos, aunque el presidente no se amilana. “50 personas no me van a hacer cambiar mi agenda”, ha dicho Fabra este miércoles
El lunes, mientras cientos de trabajadores se agolpaban en las puertas de Canal 9 para intentar, sin éxito, acceder a sus puestos de trabajos, decenas de los despedidos de RTVV abucheaban a Fabra en un acto sobre empleo. El martes, en su visita al Centro de Turismo, la tensión se disparó. La protesta acabó con puñetazos, empujones, persecuciones y forcejeos entre miembros de seguridad y manifestantes. Una periodista cayó al suelo placada por un escolta de Fabra. El coche del presidente fue pateado.
Los trabajadores de Canal 9, otrora, por lo general, sumisos con la pésima y partidista gestión de la televisión, le están haciendo la vida imposible al líder del PP. Y, por extensión, a gran parte del partido que, de momento, sigue respaldando la draconiana medida tomada por su presidente con la televisión autonómica.
Este miércoles, las fuerzas de seguridad han tomado Xàtiva, la histórica ciudad donde Fabra ha acudido con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Hasta 8 furgones del Cuerpo Nacional de Policía, reforzados por la Guardia Civil y la policía local, han sitiado el lugar donde se oficializaba la restauración de un convento. Los manifestantes, liderados de nuevo por trabajadores de Canal 9, no han podido acercarse a menos de 100 metros de la comitiva oficial.
La Comunidad Valenciana, feudo popular durante casi 20 años, el lugar en el que el expresidente Francisco Camps o Carlos Fabra se paseaban ufanos y hasta desafiantes, es ahora un lugar incómodo para el PP. Y sorprendentemente, los trabajadores de Canal 9, pese a que el Consell había despedido ya a miles de empleados del sector público, han sido los que han incendiado la calle.
