El Gobierno afirma que es una ley fundamental. Hasta tal punto que se está tramitando de urgencia, sin siquiera tiempo para consultar expertos. Una prisa que se evidenció cuando se aprobó en un octubre un préstamo de 2.200 de millones de Hacienda a Industria para satisfacer el supuesto déficit tarifario acumulado en 2013. Un déficit tarifario que el ministro, José Manuel Soria, calculaba en cero euros el 11 de noviembre, y que se ha convertido, el 29 de noviembre en 3.600 millones de acuerdo con una enmienda registrada con nocturnidad por el Grupo Popular en el Senado y que acababa con la ley de octubre por la que se habilitó el préstamo de 2.200 millones.
Al desmentido del viernes por la noche le ha seguido otro este martes en la Comisión de Energía del Senado. La mayoría absoluta del PP, como estaba previsto, ha reconocido, entre las 25 enmiendas aprobadas finalmente, la hipoteca del Estado con las eléctricas de 3.600 millones para 2013, que se cancele el préstamo extraordinario de 2.200 millones y que se eliminen ayudas a la producción energética en las islas, Ceuta y Melilla, calculadas en unos 900 millones de euros.
Los 500 millones que faltan de los 2.200 más 900 hasta llegar a los 3.600, salen, según el senador del PP José Ignacio Palacios, "de la tasa de generación eléctrica y céntimo verde". Y es que, según Palacios, "el primer objetivo del Gobierno es cumplir el déficit", aunque para ello se tenga que reconocer una deuda del Estado con las eléctricas de 3.600 millones adicionales a los 26.000 ya acumulados que se tendrá que devolver en 15 años, sin siquiera explicar de dónde sale ese cálculo.
Todo esto estaba en el guión improvisado el viernes por la noche, como paso previo a su aprobación en el pleno del Senado la próxima semana, antes de llegar al Congreso en la semana del 16 de diciembre.
Lo que no estaba previsto es que el PP se sirviera de su mayoría absoluta para, una vez admitidas 18 enmiendas propias (de la 456 a la 473), calcadas a otras tantas de CiU, después de incluirlas en la ponencia de la ley que tenía que ir al pleno la próxima semana, decidiera, tras un receso, reabrir el proceso para retirar las citadas enmiendas.
"Es como si, después de concluido un pleno, se decidiera convocarlo de nuevo para desdecirse de lo aprobado. Es un escándalo", explica el portavoz socialista en la Comisión, Jesús Alique: "Hemos protestado y hemos abandonado la Comisión. Es piratería parlamentaria".
¿Qué consecuencias tiene la maniobra del PP? "Cuando una enmienda se incorpora a la ponencia que se lleva al pleno, no se puede tocar. Sin embargo, si no se incorpora, sigue estando viva, puede ser negociada, modificada, votada en el pleno y, si llega el caso, incorporada. Luego, en el Congreso, se puede modificar la ley, pero sólo aquello que haya cambiado el Senado", explica Alique, quien está convencido de que "el PP y CiU siguen negociando, pero no se sabe bien qué".
Las enmiendas incluidas y luego descartadas incoporan mayor capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y retocan matices del nuevo mecanismo de financiación de las renovables –la llamada "rentabilidad razonable", en sustitución del importe que se pagaba ahora en función del precio de compra y de venta, y que se revisa cada tres o seis años, con lo que alimenta la inseguridad jurídica del sector–.
Mientras tanto, a pesar de que el ministro Soria se ha empeñado este martes en rechazar la hipótesis de que suba el recibo de la luz a partir de enero, tanto los mercados al contado como de futuros le contradicen y registran precios récord por el megavatio por hora (MWh). Si la subasta para establecer el precio de la luz, fijada para el 19 de diciembre, se produjera hoy, fuentes del sector auguran una subida de hasta el 14% en la factura a partir de enero.
Impuesto al sol y desprotección de familias vulnerables
El PP, con lo que sí ha seguido adelante, es con el peaje al autoconsumo, que supone un impuesto al uso de los rayos de sol y del viento, con la patada en la puerta sin orden judicial en las casas de quienes tienen placas solares y multas de hasta 60 millones de euros por utilizar un dispositivo de generación de energía no registrado y no homologado.
Y también con su rechazo a las enmiendas de la oposición (48 de IU, 223 de la Entesa catalana y 407 de CiU) que pedían que las compañías eléctricas no dejaran sin luz a las familias vulnerables y en riesgo de exclusión.
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