El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha presentado su dimisión, después de seis meses en el cargo, tras el escándalo de facturas irregulares del sindicato. La renuncia se ha conocido por un comunicado de la propia dirección federal, que se ha adelantado en hacerla pública, pese a que UGT-A pretendía comunicarlo durante la tarde de este viernes.
La dimisión se produce justo el día después de que la Junta de Andalucía haya revelado que, de momento, tiene constancia de 1,8 millones de euros de facturas sin justificar de subvenciones que le ha otorgado a la organización, y todavía le quedan 17 expedientes por analizar dentro de la tarea de depuración que ha encargado a un funcionario instructor y cuyas conclusiones presentará el 3 de diciembre.
Se da la circunstancia de que este 9 de enero UGT-A tenía previsto un comité extraordinario para estudiar el caso. De todas maneras, dada la presión recibida, Francisco Fernández, que a estaba recibiendo cartas de las bases pidiéndole su marcha, ha decidido asumir las responsabilidades que se le estaban exigiendo desde dentro y fuera de la organización. Este viernes por la mañana había enviado una carta al secretario general de UGT, Cándido Méndez, comunicándole su decisión de marcharse y anunciarlo a las 15.00 horas, en la reunión de la ejecutiva prevista, pero Madrid se le ha adelantado.
La salida ha sido impuesta por el propio Cándido Méndez, según han informado desde el sector crítico de UGT-A, que también ha asegurado que la presión era "insostenible". Las mismas fuentes han precisado que Méndez le había puesto de límite este domingo, y si no, se tomarían medidas como disolver la ejecutiva y nombrar una gestora. La cuestión está ahora en ver si dimite sólo él, de manera que sólo sería necesario buscarle un sustituto o algún miembro más de la cúpula de UGT-A, lo que sí obligaría a nombrar una gestora. Todo esto se verá en la convocatoria del 9 de enero.
"Debe aprovecharse para hacer un debate serio con nuevos nombres y más transparencia", han subrayado las mismas fuentes, en alusión a la necesidad de renovar la ejecutiva. Germán Domínguez Soto es el que está a la cabeza de los críticos, pero no quiere asumir este papel. Destacar también que la presión viene sobre todo de las federaciones de Servicios y Comercio, que se han quedado fuera de la ejecutiva y han mostrado en reiteradas ocasiones su descontento.
"También a nosotros nos ha llamado la atención que se haya comunicado antes desde la dirección federal", ha dicho Pepe Ginel, miembro del sindicato en referencia a que Madrid no ha dejado margen a Andalucía para hacer público el anuncio como estaba previsto.
Fuentes del Gobierno de Andalucía han señalado que era una salida "inevitable" y "lógica" y han confiado en que sirva para limpiar la imagen del sindicato. De hecho, esto es lo que más estaba preocupando dentro de la propia organización, cuya credibilidad estaba cayendo a ritmo vertiginoso, a raíz del caso de las facturas irregulares, que actualmente investiga la jueza Mercedes Alaya, la misma que lleva la investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
De momento, el sindicato funcionará con un comité ejecutivo en funciones, hasta que se tomen otras decisiones en la convocatoria de enero.
Antonio Tirado, secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A, ha atendido a las 13.40 horas de este viernes la llamada de eldiario.es/andalucia: "Si alguien tiene físicamente la dimisión, que la presente; yo no digo que no vaya a pasar, digo que hasta ahora no se ha producido ese acontecimiento", hace dos minutos que he hablado con él", ha dicho.
