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Aguilar de la Frontera (Córdoba) se ha convertido en la primera localidad del país que se dota de una normativa municipal en la que se establece un protocolo de actuación para que sea el propio consistorio quien se haga cargo de enterrar en el cementerio municipal a víctimas represaliadas por la guerra civil y la dictadura.
Hasta el momento, otros ayuntamientos habían procedido, de manera puntual, a enterrar los restos de víctimas del franquismo, pero esta es la primera vez que un ayuntamiento eleva a norma municipal un protocolo de actuación para hacerse cargo de la inhumación de los restos de las víctimas.
Así, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos representados (PSOE, IU, PP, PA y el partido local UPOA) el denominado "Protocolo a seguir en la Inhumación por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera de los Restos de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura", publicado en el mes de julio pasado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) tras su aprobación definitiva.
La consecución de este acuerdo lleva aparejado el trabajo que desde 2010 inició la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) al llevar a cabo exhumaciones e identificaciones de víctimas del franquismo en esta localidad. Desde entonces, parte de su tarea ha consistido en solicitar al Ayuntamiento que se diera luz verde a una normativa para que el consistorio se hiciera cargo de las inhumaciones de los restos de represaliados no identificados o identificados pero que no cuentan con familiares directos vivos.
"El fin último es darle digna sepultura a estas personas"
Así, según explica a eldiario.es/andalucia el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, este protocolo da cobertura a aquellas víctimas que, habiendo sido identificadas, no pueden ser enterradas por sus familiares al no contar éstos con la propiedad de nichos en el cementerio ni otros recursos, o bien a víctimas que no han podido ser identificadas tras su exhumación.
Hasta ahora, parte de las víctimas exhumadas e identificadas por esta asociación han sido reclamadas y enterradas por sus familiares; otra parte, las víctimas no identificadas, están cubiertas por la Ley de Memoria Histórica para que el ayuntamiento se haga cargo de los restos de esas personas no reclamadas; pero quedaba un tercer supuesto: "Existen víctimas identificadas cuyos familiares no cuentan con nichos en el cementerio municipal ni recursos, o bien ni siquiera ya quedan vivos familiares, que se quedaban en un vacío legal para poder ser enterrados. Este protocolo da la solución para estas personas", señala Rafael Espino.
Así, tras más de tres años de conversaciones con el consistorio "ha sido posible aprobar esta normativa de máximo rango municipal elaborada y consensuada entre los técnicos del ayuntamiento y familiares de las víctimas”, explica Espino. Él sintetiza claramente el objetivo de esta norma: “El fin último es darle digna sepultura a estas personas”.
Principios y fases de la actuación municipal
Esta normativa municipal pionera aprobada señala que, “ante la ingente cantidad de restos recuperados en nuestra población, gracias a la extraordinaria labor desarrollada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de laFrontera (AREMEHISA), se ha considerado necesario elaborar un protocolo de actuación que, partiendo de los principios establecidos en la ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica) y con absoluto respeto a la legalidad vigente, establezca con claridad el procedimiento a seguir en esta materia”.
Este protocolo se basa en tres principios: “Garantizar, por encima de todo, la dignidad de los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura posterior (…); garantizar los derechos de los familiares directos de las víctimas (…); y asegurar un destino digno de los restos”.
Asimismo, las fases que establece dicho protocolo detalla la forma de hacer cada una de ellas y pasan, en primer lugar, por “la entrega al Ayuntamiento de los restos que se hubieran descubierto en su término municipal por parte de la asociación que hubiera procedido a su localización, exhumación e identificación”, que deberá acompañarlos con un informe completo sobre las actuaciones realizadas. En segundo lugar, el texto señala que se llevará a cabo la inhumación de los restos no identificados o identificados sin familiares directos “en el cementerio municipal con el respeto y dignidad que merecen”.
Por otra parte, el protocolo de actuación establece también la puesta a disposición de los restos identificados en manos de sus familiares directos en caso de haberlos y la manera en que dicha entrega se deberá llevar a cabo. E incluso da cabida a que el ayuntamiento se haga cargo del enterramiento de los restos de víctimas identificadas y con familiares directos si éstos no los reclaman: “Transcurrido un mes desde la notificación de la comunicación sin que los familiares manifiesten su voluntad de disponer de los restos, se procederá a su inhumación”.
Actualmente, Aremehisa trabaja ya en aportar todos los informes que establece este protocolo para que el Ayuntamiento inicie el procedimiento y se haga cargo del enterramiento de los restos de las primeras víctimas en el cementerio municipal.
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