La Comisión de Garantías de Izquierda Unida de Madrid (IUCM) ha resuelto que el coordidador regional, Eddy Sánchez, debe incluir a miembros de las minorías críticas en la Comisión Ejecutiva de la coalición (el principal órgano interno) en función de los resultados que las distintas candidaturas obtuvieron en la Asamblea del pasado mes de diciembre y que lo aupó con el 51% de los votos. Todos los componentes de la actual Ejecutiva pertenecen a la mayoría.
El tribunal interno de la coalición admite así el recurso de Frente Amplio, que en el cónclave obtuvo un 12% de los votos por lo que, según la resolución firmada el pasado 7 de noviembre, le corresponderían tres de los 29 miembros de la Ejecutiva, mientras que la tercera candidatura, Cambiar IUCM, obtendría 11 asientos por su 37% de apoyo. Sánchez conservaría la mayoría, con 15 representantes.
En la resolución, el órgano de control advierte de una posible contradicción entre dos artículos de los Estatutos: el 12, que deja en manos del coordinador la propuesta de la lista que conformará la Ejecutiva; y el 17, que obliga a que los órganos sean unitarios. Ante la ausencia de consenso, se establece la "distribución de los puestos a elegir por el sistema proporcional puro". Sin embargo, Eddy Sánchez hizo uso de sus prerrogativas y presentó una lista excluyente.
La Comisión de Garantías entiende que en otros órganos emanados de la Asamblea de diciembre sí se dio cabida a las minorías por lo que sería "un problema de entendimiento político" entre las partes. "Basándonos en los acuerdos previos en los que sí hubo consenso, parece lógico que la composición de la Comisión Ejecutiva" tenga la proporción de la IX Asamblea.
Desde la dirección regional reconocen la existencia de la contradicción aunque no comparten la interpretación que hace la Comisión de Garantía. Carlos Gutiérrez, secretario de Área Interna, sostiene en conversación con eldiario.es que, pese a que no se plantean recurrir la resolución a la dirección federal, tampoco van a acatar directamente el dictamen, ya que se "extralimita en sus conclusiones". "La Comisión ha detectado una contradicción y plantea una salida para ella, pero los Estatutos señalan que es la Presidencia regional el órgano competente para hacerlo". Dicha Presidencia, en la que sí están representadas las corrientes alternativas aunque en minoría, será la que reciba el encargo del coordinador de resolver la dicotomía.
Gutiérrez reconoce, no obstante, que existe un problema político en IUCM con la integración de las minorías. En los últimos meses, varias decisiones de distintos órganos han terminado en la vía judicial interna. Los dos más recientes tienen que ver con la aprobación de los nuevos Estatutos de la coalición y con la elección de la coordinadora del Área de Mujeres, que acabó finalmente en la Comisión de Garantías Federal.
El secretario de Área Interna asegura que la ausencia de acuerdo para conformar la Ejecutiva "fue una frustración para todos" y lo achaca a una falta de negociación y de flexibilidad por ambas partes que espera que se resuelva en esta ocasión. "Habrá que retomarlo", asegura. "A partir de las iniciativas de los órganos esperamos alcanzar el acuerdo político que no obtuvimos entonces. Debe haber integración por acuerdo político, no por una operación matemática basándose en la contradicción de dos artículos", zanja.
Desde Frente Amplio, cuya impugnación ha dado lugar a la decisión de la Comisión de Garantías, su portavoz y diputada regional, Tania Sánchez, espera que Eddy Sánchez "se ponga al frente de la aplicación de esta resolución".
En términos similares se pronuncia la corriente Cambiar IUCM. Uno de sus miembros, Hugo Martínez Abarca, señala que es una "oportunidad excelente para resolver los problemas internos". "El punto de encuentro debe ser integrarse en la Ejecutiva y desde ahí normalizar las relaciones". Sin embargo, advierte de que el problema no se resuelve "con una Ejecutiva 'legal', sino con una organización compartida y con una política que podamos defender todos".
Sobre la intención de la dirección de dejar en manos de la Presidencia regional la resolución del conflicto, Martínez Abarca señala que ese es precisamente el organismo que vota a la Ejecutiva: "¿Cómo va a resolver la Presidencia si es legal lo que votó la Presidencia?", zanja.
