Dos años y medio después, la famosa carta que el Banco Central Europeo (BCE) remitió al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha visto la luz. La misiva (publicada en el libro del presidente y adelantada por El País) causó verdadero estupor por el intervencionismo de una entidad supuestamente independiente, el guardián del euro, y llegó en la recta final de legislatura socialista, sin apenas margen de maniobra para atender las demandas de Fráncfort, menos aún, en plena campaña electoral.
Con todo, entre las herencias recibidas que acogió con peor o mejor agrado Mariano Rajoy, fue la ínclita epístola, que tuvo mucha más parroquia en las filas populares que en las socialistas. Leyendo actualmente los requisitos del entonces presidente, Jean Claude Trichet, sorprende ver cómo se convirtieron en el ideario programático del Gobierno de Rajoy, apadrinado especialmente por Luis de Guindos. Un programa que, por supuesto, no se reflejó en las promesas electorales que les llevaron a ganar las elecciones apenas cuatro meses después de la llegada del correo. Estas son, una por una, las peticiones que hizo la institución –reproduciendo exactamente el modelo de la carta–, y esto, lo que ha hecho finalmente el Partido Popular.
1.- Reforma Laboral
a) Negociación Colectiva. Trichet exigía en la carta "reducir la posibilidad de que acuerdos en el sector industrial (en el ámbito nacional o regional) limiten la aplicabilidad de acuerdos a nivel empresarial". Esta demanda se trasladó en la reforma laboral por el Gobierno conservador dando prioridad a los convenios pactados en las empresas por encima de los de ámbito superior.
b) Eliminar las cláusulas de inflación. El BCE exigía acabar con las prácticas de las cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC. Como el Gobierno no puede regular los pactos entre partes privadas, ha trasladado este deseo en dos vectores. Por un lado, desvinculando las pensiones de la inflación, con la creación de un nuevo factor de sostenibilidad, y por otro, con la ley de desindexación de la economía, que verá la luz el próximo ejercicio y que tratará de eliminar todas las referencias del sector público que apliquen la evolución de los precios. El Ejecutivo cree que estas dos prácticas terminarán permeando las relaciones laborales también. Por otro lado, la flexibilización del descuelgue en los convenios de empresa ha facilitado que no se cumplan las subidas de actualización de los sueldos.
c) Moderación salarial en el sector privado. Esta era la petición de la institución comunitaria, pese a saber que intervenir en el sector privado es casi imposible (por no hablar de censurable en términos de economía de mercado). Con todo, el Gobierno ha promovido leyes como las que se recogen en el punto anterior para desligar precios y salarios, y su discurso se vertebra en torno a la moderación de los sueldos.
d) Nuevo contrato con indemnizaciones por despido muy bajas. Dicho y hecho. El Ministerio de Fátima Báñez creó el contrato de emprendedores que supone que durante el primer año hay despido libre. Indemnización más baja, imposible. El BCE pedía además suprimir la restricción a la prolongación de contratos temporales, el único requisito que cumplió el Gobierno de Zapatero al eliminar la restricción de encadenar este tipo de contratos más de dos años. Se da la paradoja de que la reforma laboral del PP lo restableció en dos años.
2.- Límites al déficit
a) Compromiso de los objetivos de política fiscal. En la carta, cofirmada por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se le pedía al Ejecutivo que mostrara su "compromiso incondicional con el cumplimiento de los objetivos de política fiscal, independientemente de la situación económica". "Acciones", pedía la carta. Esta demanda se trasladó, pocas semanas después, en una modificación exprés de la Constitución, que fijaba los límites del déficit y del gasto. La estabilidad presupuestaria quedó así fijada por la Constitución.
También se pedía dentro de la misma relación, que se presentara en agosto medidas adicionales de recortes por al menos 5.000 millones de euros y estrechar la vigilancia de los presupuestos regionales y locales. Trichet pedía signos de que se alcanzaría el 6% del déficit en 2011, una promesa que quedó tan lejos como el 8,9% que supuso en ese ejercicio el roto de las cuentas públicas. De hecho, no será hasta este año cuando se baje, con suerte, de ese 6%.
b) Transparencia en las cuentas de las autonomías. El BCE quería que se publicaran todas las cuentas de los subsectores autonómicos. Esto solo lo consiguió el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que lo anunció en abril de 2012.
c) La regla de gasto. En este caso, no es una petición, sino un reconocimiento de la entidad financiera por la medida aprobada en julio por el Gobierno socialista para ligar la evolución de la economía a los límites de gasto.
3.- Reformas del mercado
i) Precios de la energía. El BCE urge al Gobierno a que los "precios reflejen mejor el coste de la energía". Esta petición se ha trasladado (se verá si con éxito) en la reforma eléctrica, en la que el Gobierno quiere acabar con el déficit de tarifa de forma que los precios de la factura dejen de recoger la deuda que tiene el Estado con las eléctricas.
ii) Liberalizar el alquiler de vivienda. Aunque el Gobierno de Zapatero hizo sus pinitos con este tema, fue el de Mariano Rajoy el que finalmente aprobó una nueva ley de fomento del alquiler, que ha dado más poder al propietario, acortando los periodos de alquiler obligatorios y facilitando los desahucios.
iii) Aumentar la competitividad del sector servicios. El BCE pide que se aborde la regulación de los servicios profesionales. Zapatero ya inició tímidamente la reforma de los colegios profesionales, una timidez que ha continuado Luis de Guindos. Aunque el ministro prometió una gran liberalización del sector, se ha quedado en agua de borrajas después de las fuertes presiones que recibió por parte de farmacéuticos y abogados. Lo que sí ha hecho el Ejecutivo de Rajoy es aprobar la ley de Unidad de Mercado, que se supone que facilitará la prestación de servicios, y continuar con la liberalización de horarios comerciales.
